La sistematización y comparación de perfiles que conformarán el Registro Nacional de Datos Genéticos para casos contra la integridad sexual estará en manos del software CoDIS, del FBI estadounidense, se informó oficialmente.
Ese software fue elegido en lugar del GENis, creado con fondos del Ministerio de Ciencia (Mincyt), porque el desarrollo nacional no tuvo una motivación científica «sino política», afirmó días atrás el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La decisión adoptada por la cartera de Seguridad fue objetada por la Fundación Sadosky -del Mincyt- y por la empresa Baufest, brazos público y privado del proyecto GENis, que ven en esta medida la pérdida de una oportunidad para crear una base de datos con un desarrollo abierto y soberano, en contraposición del cerrado y extranjero que supone adoptar el CoDIS.
El desarrollo del GENis -que implicó una inversión de siete millones de pesos en los últimos dos años- no tuvo una motivación científica «sino política, ya que las relaciones con los Estados Unidos estaban deterioradas» durante el gobierno kirchnerista, opinó en diálogo con Télam el ‎director Nacional de Proyectos en el Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, encargado de la aplicación del nuevo sistema en el país.
«Respondió a una cuestión política, era como armar un iPhone en Argentina. Se puede hacer, pero hay alguien que lo hace mejor», comparó el funcionario que, si bien reconoció que el software desarrollado en Argentina está terminado, dijo que la necesidad de tener «certezas absolutas» está más cerca con el sistema norteamericano, que se implementó a principios de la década de 1990 y recibe «actualizaciones constantes, la última a principios de año».
La elección del software del FBI quedó definida el 16 de mayo pasado, con una resolución suscrita por la ministra Patricia Bullrich para implementar las medidas ordenadas por la 26.879, que crea el Registro de Datos Genéticos.
Esteban Feuerstein, director de la Fundación Sadosky, señaló que «se debería tener en cuenta el valor que tiene usar software nacional, de código abierto, ajustable a medida, auditable y en el que los autores están a mano, versus un sistema cerrado y opaco, una caja negra que no sabemos cómo funciona porque sus algoritmos no son públicos».
«De hecho, hay antecedentes de impugnaciones en la Justicia de Estados Unidos. Además, se depende de la relación que se pueda tener con un gobierno extranjero, ya que un determinado momento te lo pueden sacar», afirmó en declaraciones a la agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín.
Para Feuerstein, «la única ventaja que tiene a favor CoDIS es que lleva muchos años en funcionamiento, está legitimado por el uso; pero GENis es más moderno, adaptable y transparente».
En la misma línea Gustavo Sibilla, coordinador general del proyecto GENis en la Fundación Sadosky, consideró que «lo que se está adquiriendo es un dolor de cabeza, porque el FBI no da garantías de retención del software».
«Además, el acuerdo firmado por el Ministerio de Seguridad establece, entre otras cláusulas, que ante cualquier disputa que surja se aplicará la ley de los Estados Unidos o del distrito de Columbia», añadió, y agregó que le preocupa no solo «la inversión que eventualmente estaría siendo desaprovechada sino también, y especialmente, el renunciamiento injustificado a márgenes de soberanía en una tecnología muy, muy sensible».
«El ADN dice muchísimo de cada persona y aún resta madurar el debate sobre cuánta de esa información es prudente cederla a terceros países. El Congreso tiene una asignatura pendiente allí», concluyó Sibilla.
Según Soto, la decisión de priorizar el uso del CoDIS estuvo guiada por la opinión de Daniel Corach, pionero de la biología forense en la Argentina.
Soto afirmó que muchos países de la región (entre ellos México, Brasil y Uruguay) ya utilizan CoDIS, y que incluso otros que tenían un desarrollo propio -cómo Alemania- han migrado pensando «en futuros intercambio de perfiles por delitos sexuales o terrorismo».
Consultado sobre las posibles negativas a brindar material genético, Soto dijo que «a diferencia de otros países donde se carga el de los imputados, aquí se extraerá la muestra solo de condenados; si se niegan, lo va a resolver un juez».
En ese sentido, hizo referencia a casos de extracción compulsiva de datos genéticos para casos de apropiación de niños durante la última dictadura, como el de los hermanos Reggiardo-Tolosa.
«Está determinado que no afecta la integridad psico-física del implicado, ahora se hace con un hisopo», explicó el funcionario, quién además dijo estar esperanzado por la posibilidad de que el Congreso Nacional extienda el uso del software a todo tipo de causas penales.