El juez federal Guido Otranto y el defensor oficial Jorge Fernando Machado ofrecieron valoraciones contrastantes sobre si existen o no indicios de que Santiago Maldonado, cuyo paradero se desconoce desde el martes último, fue detenido por un grupo de gendarmes, como afirman integrantes de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen en Chubut y organismos de derechos humanos.
El Juzgado Federal de Esquel a cargo de Otranto comunicó que, «hasta el momento, no se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería Nacional Argentina en el procedimiento que realizó el 1 de agosto» en el campo habitado por familias mapuches del Lof en Resistencia Cushamen, en el noroeste de Chubut.
Por su parte, Machado dio crédito al relato de integrantes de la comunidad de Cushamen y consideró que se vieron respaldadas por indicios recogidos en el lugar, en declaraciones que ofreció hoy a la prensa en Esquel.
“En términos de hipótesis, digo que Santiago estuvo ahí», que en el lugar «hay huellas de vehículos» de la Gendarmería y que, «en principio, los indicios hablarían de una desaparición forzada» de Maldonado, un joven bonaerense que se hallaba de visita en ese campo cuando llegó la Gendarmería.
A partir de «los hechos que manifestó la comunidad, de alguna manera, en términos de indicios, creo que Santiago sí estuvo ahí» y, en el mismo sentido, «el recorrido del perro (con el que policías federales siguieron su rastro) es muy claro y contundente, no titubeó».
El defensor oficial de Esquel promovió uno de los tres habeas corpus presentados el miércoles pasado por la desaparición de Maldonado y que, acumulados, originaron el expediente a cargo del juez Otranto, en el que interviene.
Por lo demás, el Juzgado reiteró un pedido a los «diferentes organismos que han manifestado su preocupación por esclarecer esta situación para que aporten al Juzgado Federal de Esquel los datos de los ‘testigos presenciales’ que habrían visto cuando Santiago Maldonado era capturado por Gendarmería Nacional Argentina», solicitud que «hasta el momento no fue respondida».
«En este sentido, también se reitera que el juzgado dispondrá las medidas que resulten adecuadas para resguardar la identidad de estas personas si, como se sostiene, tienen temor a represalias por comparecer en esta instancia», añadió.
En otro pasaje del comunicado, el Juzgado informó que «los vehículos que participaron en ese procedimiento han sido tempranamente identificados y quedaron resguardados» para ser sometidos a los estudios periciales realizados el domingo a fin de «recolectar rastros de distinto orden que sirvan para determinar si Santiago Maldonado fue subido a alguno de ellos».
Sobre este mismo tema, consultado por la prensa, Machado confirmó que en una de las camionetas que debían ser examinadas por peritos estaba rota la faja lateral que debía preservar la prueba, y subrayó que esa circunstancia “es algo más que una anomalía”.
Sobre si estaban todos los vehículos empleados en el operativo de Cuchamen, el defensor contestó que supone «que la información que brinda la Gendarmería es fidedigna».
«En concreto, si el juez ordenó la inspección de esos vehículos es porque son los vehículos que le ha informado Gendarmería Nacional a requerimiento del juez. Eso es lo que yo presupongo”, declaró.
Entre las medidas realizadas, el Juzgado de Esquel afirmó que la Prefectura hizo un rastrillaje «con resultados negativos en las inmediaciones de la zona donde Santiago Maldonado habría sido visto por última vez», y que personal policial utilizó un perro para seguir el rastro del joven desaparecido en el lugar.
Con este último fin, se utilizaron dos prendas aportadas por integrantes de la comunidad mapuche, una de las cuales no servía por haber sido utilizada también por otra persona, mientras que, con la otra, «el perro adiestrado siguió un rastro de manera insistente hacia el interior del río» pero, según el parte judicial, «los miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen impidieron que la búsqueda continuara del otro lado del río como sugería el personal policial».
Sobre este punto, Machado sostuvo en cambio que «en ningún momento la comunidad se negó” al rastrillaje de Prefectura o al que hizo la Policía Federal, sino que «hubo un diálogo” y que, «una vez que se consensuó sobre aspectos culturales importantes para la comunidad y sobre el objetivo jurisdiccional, se llegó a un punto deseable para poder hacer los rastrillajes en ambas márgenes del río».
Según el comunicado del Juzgado, los miembros del Lof Cushamen «también han negado la posibilidad de realizar un rastrillaje con drones que ya habían arribado a esta ciudad para ser utilizados -dada la extensión y características de la zona- por personal capacitado en búsqueda de personas de la Policía Federal Argentina».
El Juzgado hizo saber finalmente que «se han ordenado variadas medidas de investigación que se encuentran en desarrollo» y que, en adelante, «sólo difundirá públicamente» mediante comunicados oficiales «los avances y conclusiones de la actividad que se vaya realizando en esta acción de habeas corpus».
En cuanto al defensor Machado, consultado sobre medidas de prueba que pedirá, dijo que no las explicitarla ni dejaría que trasciendan «para evitar su eventual frustración” e insistió en que su objetivo «es encontrar a Santiago con vida».