El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró hoy que demostrará en su alegato final que las imputaciones a la Vicepresidenta en la causa Vialidad «no son ciertas» y recusó a otro integrante del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini.
Además, sostuvo que la credibilidad del juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 quedó «herida de muerte» tras la denuncia de vínculos de amistad entre el fiscal Diego Luciani y el juez del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu, de un partido de fútbol jugado por ambos en la quinta Los Abrojos del expresidente Mauricio Macri y de la existencia de reuniones con funcionarios de ese gobierno.
A su turno, el fiscal de juicio Diego Luciani rechazó apartarse del caso y reclamó el rechazo de todas las recusaciones en su contra.
«Todo esto ha herido de muerte la credibilidad de este juicio», concluyó Beraldi al pedir la palabra a media mañana, para cerrar una ronda de exposiciones de abogados defensores que ampliaron sus planteos para apartar del juicio a Luciani, a su colega Sergio Mola, a Giménez Uriburu en tanto que la defensa de la Vicepresidenta sumó al juez Gorini.
Beraldi anticipó que, en caso de rechazo de las recusaciones, recurrirá a Tribunales superiores nacionales «que tanto compromiso con este sistema deterioriado» mostraron y además a «instancias internacionales».
«Espero que se recapacite y en definitiva los argentinos puedan vivir en paz con una Justicia independiente como la que soñamos cuando se recuperó la democracia en 1983», indicó.
Beraldi pidió hacer uso de la palabra al inicio de una nueva audiencia del juicio oral en la llamada causa Vialidad, pasadas las 8.30 de hoy y aseguró que, con los pedidos de apartamiento del fiscal Diego Luciani, del juez Rodrigo Giménez Uriburu y ahora de Gorini, busca «garantizar que el juicio se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso legal» y aseguró: «No hay otro propósito».
El abogado enmarcó lo ocurrido en un «telón de fondo como son las interferencias permanentes y sistemáticas que se hicieron desde le gobierno de Mauricio Macri en la Justicia».
«Es falso absolutamente decir que con una recusación uno no quiere contestar los cargos. Ya vamos a demostrar en el alegato que las imputaciones que se están efectuado en esta causa con tanto énfasis, no son ciertas», sostuvo.
El abogado de la Vicepresidenta recusó ahora a Gorini a raíz de una publicación del diario Página/12 en la cual se informó de encuentros del juez con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el macrismo, a los que también asistió Gimenez Uriburu.
En esa publicación se alude a dos reuniones en el Ministerio de Seguridad, la última de las cuales -en 2018- se llevó adelante cuando el Tribunal Oral Federal 2 ya había abierto la etapa de presentación de pruebas en este juicio.
Beraldi amplió la recusación a Giménez Uriburu y Gorini por estas reuniones en el Ministerio de Seguridad y Gorini respondió de inmediato en la audiencia, al sostener que uno de esos encuentros tuvo que ver con la difusión de fotos «en pijama» del exvicepresidente Amado Boudou el día de su detención.
Gorini explicó que tenía a cargo la causa por la tragedia del tren de Once, en la cual se ordenarían detenciones de exfuncionarios con condena firme y pidió la reunión para garantizar que se evitaran situaciones como ésta.
«Esto no figura en la publicación», aseguró Gorini y agregó que la otra reunión fue por un tema de su seguridad personal, al pedirle a Beraldi que considere si materializaría la recusación que expuso de manera oral en la audiencia.
El abogado ratificó su intención de presentar por escrito la recusación.
En relación a la situación de Luciani y Giménez Uriburu el letrado recordó que las fotos los muestran en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri
«No era cualquier lugar» mencionó al recordar que en un libro sobre la vida de Macri, se hizo alusión a que allí «no iba cualquiera, los funcionarios que jugaban al fútbol eran invitados», lo cual «indica un nivel de proximidad del que no goza cualquier persona».
«Estamos frente a una situación muy compleja, más allá del espíritu deportivo que pueda tener cualquier persona, lo cierto es que estos eventos se dan en un contexto muy particular», agregó.
Lo ocurrido tuvo como «telón de fondo» las «interferencias permanentes y sistemáticas que se hicieron desde el gobierno de Mauricio Macri en la Justicia. Esto redoblaba la obligación de no tener contactos con ningún funcionario ni con Patricia Bullrich, cualquiera hubiera sido el motivo».
«En los casi 40 años de democracia que tenemos, nunca ocurrieron hechos de tanta gravedad», opinó.
Beraldi recordó que el entonces Presidente de la Nación «intentó nombrar por decreto a dos Ministros de la Corte, una cuestión que no tiene nada que ver con el historial de la democracia argentina, se obligó a la Procuradora General de la Nación a renunciar. El dueño de la quinta hacía esto públicamente», enfatizó.
«El juez y el fiscal deben ajustarse, fuera de cualquier temor objetivo, a los deberes que les son impuestos, en el caso de los jueces la imparcialidad y del fiscal la objetividad», explicó el abogado de la exPresidenta.
Beraldi remarcó que «no es que con una recusación se busca no discutir una cuestión de fondo. Por el contrario, queremos discutir la cuestion de fondo. Es falso absolutamente decir que con una recusación uno no quiere contestar los cargos».
«Debo alcanzarlo con esa recusación a usted, doctor Gorini», expresó ante el magistrado que hoy presidía la audiencia que se realiza de manera virtual a través de la plataforma Zoom en relación a sus encuentros con Bullrich, uno de ellos el 23 de agosto de 2018, cuando el Tribunal ya preparaba el juicio.
La audiencia continuaba con las exposiciones de otros abogados defensores, entre ellos del exministro de Planificación Julio De Vido y del empresario Lázaro Báez, quienes ratificaron sus planteos para apartar del caso a los fiscales y a Giménez Uriburu.
A su turno el fiscal Luciani rechazó la recusación en su contra y aseguró que no es causal para apartarlo una eventual amistad con un juez.
Luciani pidió el rechazo «in limine» de todos los planteos porque no se «dan los supuestos contemplados en la ley» para apartar al representante del Ministerio Público Fiscal.
«Se han realizado elucubraciones mal intencionadas para poner en duda mi objetividad», agregó Luciani, al repasar su carrera judicial iniciada a los 18 años y remarcar que nunca antes había sido recusado.
Con el juez Giménez Uriburu «aclaro que no me une ninguna relación de amistad intima, sino de aprecio y respeto, que nunca ha incidido ni va a incidir en la objetividad en el caso», dijo y agregó que coincidir en una actividad deportiva o científica «no es causal de recusación»
«Todos los años se organizan actividades deportivas en las Asociaciones y Colegios y a nadie se le ocurre recusar a un magistrado por una actividad deportiva compartida» como torneos de fútbol, rugby o «ir a la cancha de Boca», según afirmó
«Es tan ilógico el motivo de recusación que realmente me cuesta contestarlo», agregó al remarcar que con ese criterio «no podrían compartir una cátedra, un coro, un curso, una conferencia, una ceremonia religiosa».
A la audiencia no asistía el juez Giménez Uriburu, ya que al estar recusado no puede participar de una futura decisión sobre el apartamiento de los fiscales.
El juez Giménez Uriburu responderá por escrito a los planteos de supuesta pérdida de «imparcialidad» en base a sus vínculos con el fiscal y por el nuevo motivo planteado por Beraldi, sus visitas al Ministerio de Seguridad en la gestión de Bullrich.
Beraldi fue el primer letrado que reclamó apartar a Luciani y Giménez Uriburu por haber integrado un mismo equipo de fútbol que disputó partidos en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri.
A su planteo adhirieron después las defensas de otros acusados y en el caso de los abogados del exministro de Planificación Julio De Vido ampliaron la recusación al otro fiscal que interviene en el juicio, Sergio Mola.
Tras los descargos, los pedidos de apartamiento serán resueltos por los otros dos jueces del TOF2, Jorge Gorini y Andrés Basso y su decisión será apelable ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación.
La fiscalía lleva adelante el alegato final en el juicio que se sigue a la Vicepresidenta, exfuncionarios nacionales, de Vialidad de la provincia de Santa Cruz y a Báez por el supuesto direccionamiento de la obra pública en esa provincia a favor de empresas de este último entre 2003 y 2015.
El Tribunal resolvió que los reclamos de apartamiento de los fiscales y el juez se tramiten de manera paralela al desarrollo de las audiencias de debate.
El juicio está en etapa de alegatos finales y la fiscalía expone su acusación desde hace diez días.