La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acordaron hoy con el ministro de Hacienda NIcolás Dujovne, iniciar mañana el proceso de traspaso a sus jurisdicciones de las empresas distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur, uno de los items que integraban el Consenso Fiscal firmado en septiembre.
El acuerdo suscripto esta tarde en la Quinta de Olivos, y del que también participó el secretario de Energía, Gustavo Lopetequi, crea un ente bipartito de control y regulación que suplantará las tareas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y asegura la vigencia de la tarifa social, financiamiento que quedará en manos de la provincia y la ciudad.
El entendimiento que se demoraba en los últimos meses ya que debía entrar en vigencia el 1 de enero, tiene como marco la reducción de subsidios nacionales destinados a servicios públicos, y la trasnferencia a cada jurisdicción de las empresas junto a la potestad de definir los futuros cuadros y tarifarios así como los alcances de la tarifa social.
De esta manera, Vidal, Rodríguez Larreta y Dujovne acordaron que «a partir del 1º de marzo 2019 se inicia el proceso de traspaso de Edenor y Edesur a la jurisdicción de la Provincia y de la CABA», por medio del cual ambas pasarán a ejercer el poder de policía sobre el servicio público que prestan las concesionarias.
La fecha coincide con la segunda etapa de actualización tarifaria dispuesta para el servicio eléctrico que en el caso de las distribuidoras Edenor y Edesur será del 14% para los usuarios residenciales, pero que se suma a un primer aumento del 26% de febrero y otros dos de 4% para mayo y agosto.
Además de comprometerse a darle «la mayor celeridad a sus trámites administrativos» tendientes a la finalización de este proceso, se acordó «la creación de un ente bipartito de control y regulación del servicio público de distribución eléctrica», y a conformar sus ordenamientos jurídicos para la puesta en macha del nuevo ente.
Uno de los puntos que se destaca del acuerdo precisa, respecto a la continuidad de la tarifa social, que «a partir del 1 de enero de 2019, la provincia y la Ciudad afrontan con recursos propios las erogaciones asociadas» a este beneficio, cuyos montos no fueron precisados en el acuerdo y que hasta el momento eran afrontados por el Tesoro nacional.
Se fijó también la prioridad de que la transición «no afecte la prestación del servicio y a sus usuarios, y que respete los derechos de las concesionarias».
Además, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, las concesionarias y el organismo de control bipartito a crearse llevarán a cabo «una auditoría de corte de la situación económico-financiera de las empresas y de la situación operativa y técnica del servicio público a su cargo».
Para realizar «un traspaso ordenado» las partes entendieron que «es necesario encarar un proceso en etapas» y que hacen necesaria la constitución de un nuevo organismo de control que cumpla las funciones que hoy lleva a cabo el ENRE.
También se abordarán «cuestiones contractuales y legales» que deberán resolverse entre las partes durante la transición, y que incluye aspectos regulados vigentes en los contratos de concesión de las concesionarias que datan de 1992 y que es necesario prever cómo se instrumentarán bajo las nuevas jurisdicciones.