El Defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, pidió una nueva normativa respecto de la penalización del consumo de drogas, al sostener que una de cada cuatro investigaciones iniciadas por la Justicia es por tenencia para uso personal.
Según los números que expuso Martello, en 2016 el 24,86% de las investigaciones penales por infracciones a la ley de estupefacientes tuvieron que ver con hechos vinculados a la tenencia para consumo personal, mientras que el 5,84% a la tenencia simple.
Además, señaló que «si bien la incidencia de las causas por consumo personal viene bajando a nivel nacional y provincial, en algunos departamentos judiciales se registran tasas muy elevadas y, en algunos casos, incrementos interanuales llamativos en cuanto a la cantidad de investigaciones penales preparatorias iniciadas por tenencia de estupefacientes para consumo personal».
El Defensor adjunto sostuvo que de acuerdo a las últimas estadísticas de la Procuración General de la Corte, se registró un aumento en la cantidad de investigaciones vinculadas a infracciones a la Ley de Estupefacientes, que pasaron de 32.739 en 2012 a 51.838 en 2017.
En tanto, y tras remarcar que el 25% de las investigaciones son por tenencia personal, Martello indicó que «en la provincia de Buenos Aires se debería avanzar en un nuevo marco normativo y analizarse la posible instrumentación de distintas iniciativas recomendadas por organismos internacionales, como son los Tribunales de Tratamientos de Drogas».
Por otro lado, Martello destacó que «de las 726 mujeres que estaban detenidas en las cárceles federales en diciembre del 2015, 444 fueron acusadas por infracciones a la Ley 23.737, es decir, el 61,2% de la población total femenina».
Esta tendencia también se registra en el sistema carcelario bonaerense: «la infracción a la ley de estupefacientes es el principal delito que lleva al encarcelamiento de mujeres (34% de las causas), seguida por el «robo agravado por uso de armas» (18%) y el homicidio (8%)». A su vez, la incidencia de los delitos vinculados con drogas en la población carcelaria femenina es casi cuatro veces superior que la población masculin