El Juzgado Federal Electoral de la Provincia de Buenos Aires, Adolfo Ziulu, se declaró competente en las causas por los «aportes truchos» a la campaña de Cambiemos en las elecciones de 2017, por lo que le requirió a los otros dos jueces que investigan denuncias similares que le remitan sus actuaciones.
En un fallo difundido hoy por el sitio de información de la Corte (CIJ), el magistrado subrogante del juzgado con competencia electoral de la provincia declaró la competencia de ese fuero para entender en aquellas causas relacionadas con las denuncias por la aparición de aportantes «truchos» de Cambiemos.
De este modo, Ziulu solicitó a sus colegas Sebastián Casanello y Ernesto Kreplak la «inmediata remisión de las actuaciones labradas» a raíz de las denuncias por la inscripción como aportantes de Cambiemos de personas que niegan haber realizado esa contribución.
En la fundamentación de la medida, el magistrado recordó que el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello y los jueces federales de Bahía Blanca y Necochea ya remitieron causas análogas que se iniciaron en sus dependencias. No obstante, pidió a Casanello y Kreplak que, en caso de no compartir la resolución, remitan las causas a la Cámara Nacional Electoral para que ésta dirima el conflicto de competencia.
La denuncia surgió a raíz de una investigación del sitio El Destape, que comprobó la existencia de cientos de aportantes «truchos» a la campaña de Cambiemos, en su mayoría personas de bajos recursos, beneficiarios de planes sociales, que negaron su participación.
Los aportes van desde $ 300 a $ 1.500, y se estima que en total las irregularidades superarían el millón de pesos, si se suma –como lo determinó una pericia judicial- la participación de empresas privadas a través de la inscripción irregular de empleados y directivos.
El caso cobró un mayor volumen político cuando varios excandidatos aseguraron no haber realizado aportes, pese a figurar en los registros. Entre ellos se cuenta al intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, enfrentado desde hace tiempo a Vidal. Finalmente, el escándalo terminó con la salida de Fernanda Inza del Gobierno, a cinco días de haber jurado como contadora general.
Ziulu defendió la remisión de las causas a su juzgado al sostener que se trata de un fuero especializado «que tiene por fin último resguardar el sistema republicano y democrático estatuido». En ese marco, indicó que si «otros órganos jurisdiccionales con extraña competencia se encuentran igualmente facultados para controlar los procesos electorales, quiebra la unidad del sistema instaurado»