La Fiscalía se opone a aplazar el juicio a Cristina Kirchner por ilícitos en obras públicas

El fiscal federal Diego Luciani rechazó hoy el pedido de aplazamiento del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz realizado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las imputadas en esa causa. 
La defensa de la ex presidenta y actual senadora había pedido el viernes pasado que se suspenda el inicio del juicio hasta tanto se concluyan las pericias dispuestas en la instrucción suplementaria. 
Fuentes judiciales informaron que el fiscal Luciani presentó hoy un escrito en el que considera que la defensa de Fernández de Kirchner no lograron demostrar cómo el hecho de iniciar el juicio con una pericia sin concluir podía afectar el derecho a la defensa los imputados. 
Consideró además que el planteo de aplazamiento del juicio es un intento de maniobra dilatoria y que Argentina asumió el compromiso internacional, mediante distintos tratados, de acelerar los trámites de las causas de corrupción. 
El pedido de aplazamiento del juicio fue presentado por el abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que preguntará al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia cuánto demorará en llegar a una conclusión en relación a las pericias en curso.
El abogado de la senadora Fernández de Kirchner pidió que el juicio no comience el 26 de febrero, como está previsto, porque aún no concluyó una pericia ordenada sobre el TOF 2 para determinar si hubo o no sobreprecios en algunas de las obras investigadas en la causas que en primera instancia instruyó el juez federal Julián Ercolini. 
Fuentes judiciales informaron que tras la opinión del fiscal Luciani, el tribunal aguarda la opinión de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera, querellantes en la causa. 
El TOF 2 podría postergar el inicio del juicio si la respuesta de los peritos de la Corte es que falta aún un tiempo considerable para concluir la pericia. 
En la causa se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante la gestión kirchnerista en favor del empresario detenido Lázaro Báez.