La Corte Suprema de Justicia aclaró hoy que el pedido de los expedientes del juicio denominado «Vialidad» no suspende la audiencia oral para el próximo martes, que juzgará la presunta responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el punto siete del comunicado emitido hoy, la Corte mencionó que «dicho pedido (de los autos) no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido».
En el mismo sentido se pronunció hoy el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, cuando explicó, en una entrevista radial, que «el juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y aún no fue suspendido, con lo cual no puedo dar por hecho lo que no se hizo: el juicio al día de hoy se mantiene».
Gorini añadió a su aclaración que «sí estoy remitiendo a pedido de la Corte Suprema la causa principal, para que se resuelvan nueve recursos a instancia de presentaciones de las partes».
Coincidentemente, la Corte dijo que «la medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno».
En el mismo tono aclaratorio, la comunicación señaló que «existen ante el Tribunal (la Corte), además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal 5048/2016, todos ellos en trámite».
El más alto tribunal del país decidió hacer públicos estos argumentos «ante la difusión de diversas informaciones vinculadas al expediente mencionado, que no tienen ninguna relación con los hechos».
El pedido de los expedientes fue publicado ayer en el Centro de información Judicial y motivó un «cacerolazo» que se escuchó en varios barrios porteños, sobre todo en los de Recoleta y Belgrano, entre otros, y una petición en el sitio Change.org para que el juicio se inicie en tiempo y forma, que contaba hasta hoy por la mañana con más de 220.000 adhesiones.
Los cinco miembros de la Corte explicaron también en el punto 2 del comunicado que «el paso jurídicamente adecuado fue solicitar los incidentes de la Cámara Federal de Casación Penal al Tribunal Oral Federal interviniente, que fueron recibidos por el Tribunal en fecha 17 de abril de 2019».
No obstante este pedido, aclararon los ministros que «de la lectura de dichos legajos no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes», y que «en función de ello este Tribunal solicitó con carácter de urgente el expediente principal al Tribunal Oral».
Inmediatamente, el comunicado resaltó que «tal medida (pedir expedientes) es habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades («Romero Feris, Raúl», «Martel», «Tejerina, Romina», entre otros)».
«Esa decisión no tiene firma alguna de los ministros ni disidencias, y se concreta con la sola firma del secretario, tal como es de estilo y como fuera oportunamente publicado en el Centro de Información Judicial», aclararon los ministros del alto tribunal.
Con una mirada más política, el abogado de la senadora Kirchner, Carlos Beraldi, analizó hoy que «lo que quieren es la foto de Cristina para usarlo en el proceso electoral y la Justicia no se debe prestar a eso. Lo que pide la Corte no es impunidad, es debido proceso».
«La Corte hace lugar a un pedido hecho por mí para que se investigue como corresponde», añadió Beraldi en referencia a la solicitud para que el Tribunal Oral Federal 2 eleve las actuaciones realizadas hasta el momento en la causa «Vialidad».
La Corte pareció responder a la inquietud del abogado defensor cuando, en el punto 9 del comunicado, aclaró que «de este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad».
El máximo tribunal concluyó su comunicado de aclaración mencionando que «la Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia».
