El Tribunal Oral Federal 3 de esta capital otorgó anoche la excarcelación bajo palabra a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa Oil Combustibles, donde están siendo juzgados, acusados de desviar a otras de sus compañías el impuesto a los carburantes en lugar de derivarlos al fisco, por un monto original de 8.000 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
La medida fue adoptada a partir de una petición de los abogados Fabián Lértora (López) y Carlos Beraldi (De Sousa), en base a un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien sobreseyò a los dos imputados en un expediente donde se buscaba determinar si habían transferido acciones de sus empresas del Grupo Indalo cuando estaban inhibidos para hacerlo.
No obstante, López y De Sousa seguirán detenidos bajo la órbita del juez Claudio Bonadio en la investigación de supuestos delitos en la llamada «causa de los cuadernos» de las coimas, sobre el presunto pago de sobornos de empresarios a funcionarios para el acceso a obras públicas en el anterior gobierno.
El abogado de López dijo en la solicitud de excarcelación que a partir de la medida de la jueza Capuchetti no existe motivo para que su cliente siga detenido y que tampoco hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la acción judicial porque es una «persona notoria» que tiene «arraigo» con bienes y familia radicados en el país.
Sin embargo, el TOF 3, que otorgó las excarcelaciones «bajo caución juratoria», o sea bajo palabra, prohibió la salida de la Argentina tanto de López como de De Sousa.
El TOF 3, integrado por Javier Feliciano Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, aclaró que la salida de la cárcel no se hará efectiva aún porque ambos detenidos siguen «a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11 (Bonadio)» en las causas números 520/19 y 13816/18.
Ante esta circunstancia, la defensa de López y De Sousa realizaría mañana ante Bonadio el pedido de excarcelación de sus pupilos en esos expedientes.
El fiscal del juicio, Juan García Elorrio, admitió las liberaciones pero pidió que depositen una fianza real y la prohibición de salida del país. Los jueces admitieron esta última limitación y otorgaron el beneficio bajo palabra.
Entre los fundamentos, el juez Basso dijo que hay «meridiana claridad» de que «efectivamente ha habido un cambio sustancial en el escenario procesal en torno a la situación que oportunamente ameritó» la prisión, como era la supuesta venta de acciones de Indalo en medio de una inhibición para hacer uso de los bienes.
Su colega Machado Pelloni afirmó, en la misma sintonía, que el fallo de la jueza de primera instancia «deja sin sustento el riesgo procesal -entorpecimiento de investigación- que dio fundamento a la prisión preventiva y en consecuencia corresponde habilitar la excarcelación» de López y De Sousa, detenidos en la cárcel de Ezeiza.
En la investigación de Bonadío («Cuadernos») la pesquisa apunta a presunto lavado de dinero y «cartelización» de la obra pública. Antes de que el juez decida sobre los pedidos de liberación debe expedirse el fiscal federal actuante, Carlos Stornelli.