El Gobierno nacional suspendió hoy la cesión de una treintena de inmuebles que la presidencia de Mauricio Macri le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires para cancelar deudas entre ambas jurisdicciones y ordenó una revisión del proceso para determinar la legalidad de la transferencia.
Así quedó establecido en dos decretos publicados hoy en el Boletín Oficial en los cuales el presidente Alberto Fernández derogó un artículo de un decreto firmado por Macri en agosto del 2019 que facultó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) “a dar en pago” a la Ciudad bienes inmuebles desafectados del uso de la Nación para cancelar deudas.
También, el Presidente ordenó a la AABE, que ahora conduce Martín Cosentino, que revise la legalidad de los procesos que derivaron en la cesión y transferencia de la Nación a la Ciudad de esos predios, que están en su mayoría compuestos por playas ferroviarias en los barrios de Caballito y Palermo.
El Poder Ejecutivo le dio también la instrucción al Ministerio de Economía de que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal evalúe el cumplimiento de la “Regla de Fin de Mandato” que impide cualquier “desafectación, asignación en uso o dación en pago de inmuebles” del Estado nacional durante los seis meses previos a un cambio de mandato.
Al respecto, fuentes del Gobierno porteño indicaron a Télam que “está la tranquilidad” de que los inmuebles transferidos se enmarcan en convenios originados “con bastante anterioridad” al tiempo que dicta el Régimen General de Responsabilidad Fiscal.
“Se verán los pasos a seguir”, indicaron desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta, no obstante, aclararon que confían en que “el diálogo va ser el camino para llegar a un acuerdo» tanto en este tema «como en otros que puedan surgir».
Es que la polémica por la legitimidad del acto de transferencia de esos predios se da en el marco de las negociaciones que iniciaron semanas atrás el Gobierno nacional y el porteño en torno al porcentaje del 3,5 de partida de los fondos coparticipables que recibe la Capital Federal y que la Casa Rosada mostró intenciones de reducir al menos un punto.
Si bien las conversaciones por los fondos de la coparticipación se paralizaron con el viaje del Presidente a Europa, Rodríguez Larreta evitó elevar la tensión y llamó a sus dirigentes a mantener una postura de diálogo, algo que replicó luego de la oficialización por parte de la Nación de poner la lupa en las transferencias de los bienes que eran del Estado nacional.
Entre los bienes transferidos se encuentran seis predios ubicados en los barrios de La Boca, Retiro, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza y Saavedra que la Nación traspasó para que la gestión porteña pudiera subastarlos para financiar las obras de viaductos de las líneas San Martín y Mitre.
También, unos doce inmuebles ubicados principalmente en la zona de la Villa 31 de Retiro, de Villa Fraga en Chacarita y del Mercado de Hacienda de Liniers en Mataderos; así como cuatro parcelas en el sector de playas ferroviarias de Palermo y seis de Caballito y un polígono de los terrenos donde estuvo en pie la cárcel de Caseros, en Parque Patricios.
«Aplaudimos la decisión del presidente Alberto Fernández que anuló la entrega de 31 inmuebles que hizo Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta antes de que se vaya del gobierno nacional. Además, ordena que revisen si los procesos administrativos de traspaso fueron legales», celebró vía Twitter la diputada porteña del Frente de Todos Lorena Pokoik.
En tanto, el actual diputado nacional Maximiliano Ferraro y ex legislador de Cambiemos en la Ciudad afirmó que la cesión de terrenos fue en parte para «saldar una deuda» que la Nación había tomado para «solventar» las obras de los viaductos ferroviarios, inaugurados el año pasado.
Ferraro, quien fue una de las voces del oficialismo porteño durante el debate en la Legislatura del tema, detalló además que, en el caso de las playas ferroviarias, el proceso de transferencia comenzó con un decreto de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En el mismo sentido, opinó el legislador Sergio Abrevaya (GEN) quién dijo que si se llegara a la decisión de retrotraer la cesión sería «una locura», ya que «la Ciudad se hizo cargo de la parte del crédito de la CAF (el Banco de Desarrollo para América Latina) que le correspondía a Nación».
«El proceso no es de 2019, comenzó mucho antes y los decretos (de Macri cediendo los terrenos) salieron entre las PASO y las generales. Esto parece una venganza para destruir la Ciudad», concluyó.