Carrió reclama en CIDH por «riesgo inminente» de testigos protegidos, en acto final como diputada

Antes de dejar mañana su cargo como diputada nacional, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió presentó una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denunció «un golpe institucional» contra la Justicia, y solicitó al organismo que intervenga en defensa del sistema de protección de testigos e imputados de la Argentina.
En la misiva, remitida ayer a la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Carrió requirió que el organismo interamericano «solicite informes y efectúe un seguimiento regular y extendido en el tiempo» sobre el programa que debería proteger a los arrepentidos de las causas por corrupción.
La nota está firmada por Carrió y por los miembros de su bloque de diputados..
Días atrás, el Gobierno nacional derogó el decreto del ex presidente Mauricio Macri que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, firmado a pocos días de dejar el poder, y restituyó el programa nacional anterior, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
«Estamos frente a un claro proceso de desactivación del Sistema de Protección de Testigos e imputados colaboradores, que se encuentra actualmente, a cargo de una Dirección Nacional que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación», consideraron Carrió y sus diputados en la carta a la CIDH.
En ese marco, aseguran que podría existir «un riesgo inminente para los derechos humanos de ciudadanos de nuestro país, que se encuentran bajo el régimen de protección de testigos e imputados colaboradores; por haber prestado declaración en causas de corrupción en las cuales están siendo investigados funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, así como grandes empresarios vinculados con los mismos».
Por último, agregan que «ante el regreso al poder de la misma fuerza política a partir del 10 de diciembre pasado, podrían procurar su impunidad mediante la vulneración de derechos esenciales de los testigos e imputados que requieren protección de su integridad y de la seguridad de sus familias».