El intendente de Chascomús, Javier Gastón (Frente de Todos), reiteró su pedido al gobierno provincial para que se haga cargo de un juicio por el que se obliga a esa comuna al pago de unos 100 millones de pesos a dos ganadoras de una rifa de un campo que se realizó en 1995.
El caso se inició cuando tres escuelas rurales pidieron autorización al entonces intendente, Juan Carlos Salas, para realizar una rifa de 1.000 números cuyo premio era una fracción de terreno de 327 hectáreas, valuado en 15.000 dólares cada una, del que resultaron beneficiadas dos vecinas de Lezama: Sonia Dellavedova de Godoy y Clorinda Sandoni (actualmente fallecida).
Pero las ganadoras no pudieron escriturar el bien a su nombre porque la gestión comunal de entonces había cometido dos irregularidades: la de permitir la venta de 2.000 números en lugar de los 1.000 avalados por ordenanza, y la de no verificar que el campo estuviese escriturado.
El campo, de hecho, sólo contaba con un boleto de compra venta tramitado por un particular que había comprado el lote y organizado la rifa, y antes del sorteo hipotecó el terreno, que tiempo después resultó rematado judicialmente y hoy está en manos de otro propietario ajeno a la cuestión.
Por ese motivo, las dos ganadoras no pudieron cobrar el premio y en 1998 iniciaron una acción judicial que culminó con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a esa comuna a pagar 100 millones de pesos.
Ayer por la tarde, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, el jefe comunal pidió que el Estado provincial afronte los costos de ese juicio.
Expuso que los trámites para la ejecución de la sentencia están «en las instancias finales» y reiteró que buscará, otra vez, que la Provincia «se haga cargo de pagar».
«La condena a Chascomús es moralmente injusta en una provincia donde los municipios no podemos ejercer la autonomía que nos reconoce la Constitución Nacional», dijo Gastón en su discurso.
Semanas atrás, el intendente se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, y con la ministra de Gobierno, Teresa García, a quienes les transmitió “la imposibilidad que tiene su comuna de afrontar el pago de esa rifa.