Conte Grand dijo que con recurso de queja del fiscal se busca revertir «desequilibrio del sistema»

El procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, afirmó que con el recurso de queja que el fiscal de Casación presentará hoy ante el máximo tribunal para oponerse a las salidas masivas de presos se busca «revertir un pronunciamiento que provocó el desequilibrio del sistema».
«Estamos en el tramo final de una resolución que fue muy inadecuada», expresó el procurador en declaraciones radiales y televisivas.
Explicó que «hoy el fiscal del Tribunal de Casación, Carlos Altuve interpondrá ante la Corte un recurso de queja en orden al fallo del 8 de abril que permitirá revertir el desequilibrio del sistema y poder avanzar en el análisis de los casos ordenadamente como se hace siempre».
Conte Grand recordó que el 8 de abril, el juez de Casación Víctor Violini «dictó un fallo en el marco de un hábeas corpus colectivo que a nuestro juicio tiene muchas aristas cuestionables» y criticó que esa medida haya sido dictada «por un tribunal de un solo miembro».
Violini aceptó un hábeas corpus colectivo pedido por 18 defensores generales de la provincia «para disponer de manera extraordinaria la detención domiciliaria de presos con delitos leves».
Conte Grand recordó que Altuve ya había apelado ante la Cámara de Casación provincial esa decisión de Violini de habilitar el hábeas corpus, pero el camarista Ricardo Borinsky rechazó el recuso y les ordenó a los jueces y tribunales inferiores que cumplieran con las órdenes de las liberaciones.
«Contra esa desestimación, nuestro fiscal de Casación interpondrá hoy un recurso de queja para ir a la Corte», apuntó el procurador.
Luego precisó que cuando ese pedido ingrese formalmente a la Corte, después del mediodía, el máximo tribunal «deberá tratar primero su admisibilidad, es decir si los aspectos formales son los adecuados».
Dijo que «en tal caso, considerará el fondo del asunto: si el fallo fue correcto, y si debió o no hacerse» y evaluó que si el hábeas corpus fuera dejado sin efecto «se revertirá la decisión y estas personas deben reingresar al sistema hasta que los jueces naturales y fiscales de la causa resuelvan otra cosa y el fallo quede firme».
Explicó luego que si del análisis de estas situaciones se detectan irregularidades cometidas por algún integrante del Poder Judicial «se abren tres alternativas: si es un integrante de nuestro Ministerio Público -un defensor, un asesor de menores o un fiscal- se hará una investigación disciplinaria; si es un juez, se hará una presentación ante la Corte Suprema; y de considerarlo necesario se realizará una denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento para que se evalúe esto en un proceso».
Aclaró el procurador que desde 2015 «entre el 5,5 y 6% de la población carcelaria es beneficiada mensualmente por este tipo de medidas de prisiones domiciliarias» y remarcó que ese porcentaje «no se excedió hasta ahora».
No obstante, remarcó que «hay una cantidad importante de pedidos en curso que, de prosperar, generarán un exceso respecto del promedio habitual».