Abogadas feministas cuestionaron hoy la frase «desahogo sexual» utilizada está semana por un fiscal para referirse a una violación grupal, uno de los tantos términos que aún se utilizan en la «justicia patriarcal», según coincidieron las letradas
En 2012 una adolescente de 16 años fue violada por un grupo de seis jóvenes -cuatro señalados como autores de la violación y dos cómplices-, en Puerto Madryn, Chubut, pero en enero del año pasado decidió hacer público el delito de violencia sexual a través de una publicación en Facebook.
«Lo que pasó fue de público conocimiento y fui hostigada por todo mi entorno al punto de tener que irme a vivir a otra ciudad, como si hubiera sido responsable de la situación. Desde ese momento estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico y gracias a este tiempo de intentar sanar es que puedo contar mi historia», escribió la joven.
Y destacó: «Hoy tengo una red de contención enorme, no tengo miedo, no me callo más».
Hecha pública la denuncia, el titular de la Fiscalía de Rawson, Fernando Rivarola, actuó de oficio.
«El Código Procesal habilita la investigación de oficio para casos de violencias sexuales a victimas menores de edad, con asentimiento de la víctima», explicó a Télam, la abogada Alejandra Toledo, que integra la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Chubut, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la cátedra de Género y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia.
«La acompañamos. Ella no se presentó como querellante, lo evaluó y no quería exponerse. No quería venganza. Consideró que lo mejor era que el fiscal siga con la investigación y en todo momento estuvo informada», relató la abogada.
En el mismo sentido se pronunció el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut cuando esta semana informó que «tanto ella como su familia reciben detallada información del proceso, participan de las decisiones procesales, reciben protección y asistencia victimológica. Toda decisión asumida por la Fiscalía ha sido consensuada con ella».
En ese comunicado oficial se aclaró que «algunos de los agresores son menores de edad imputables» y que por lo tanto «la ley establece que no puede darse a conocimiento público su identidad».
En este contexto, Rivarola emitió un dictamen para pedir un juicio abreviado que elevó al juez penal Marcelo Nieto di Biase por «abuso sexual simple» para tres de los jóvenes, aludiendo a un «accionar doloso de desahogo sexual».
«Quienes trabajamos en el Derecho no nos sorprendimos, porque este tipo de frases, de fórmulas, son muy utilizadas. Están en los manuales y tratados que estudiamos y nos sirven de doctrina para fundar las argumentaciones. Quizás son muy buenos en la dogmática penal pero sin perspectiva de género, escritos hace años por varones en otro contexto histórico», comentó a Télam la abogada feminista Sabrina Cartabia.
Tanto Cartabia como Toledo explicitaron que lo que se cuestiona es la utilización de la frase «desahogo sexual» para hablar de violación y «de ninguna manera la decisión de la víctima».
«Esa fórmula habla de la violencia sexual como si los varones tuvieran una pulsión descontrolada que deben desahogar. Un varón estereotipado. En este caso son seis varones. Esta lectura que hizo el fiscal lo que invisibiliza es la violencia sexual, que tiene que ver con el poder, personas que hacen esto porque un sistema los avala. Y la prueba es que aún se utilicen estas palabras que son irrespetuosas de los derechos de las mujeres, de las personas que pasaron por una situación de violencia sexual», destacó Cartabia.
Toledo en tanto insistió en que la frase «no está en ningún Código, es doctrinaria. Totalmente normalizada por la justicia patriarcal. Es un término de la jurisprudencia patriarcal que ofende al sentido común social».
Y que «demuestra la desconexión que tiene ese fiscal con la perspectiva de género», añadió Cartabia.
La abogada chubutense además criticó que el comunicado oficial del MPF de su provincia haya dicho que la frase «desahogo sexual doloso» no se hubiera malinterpretado «en el contexto de audiencias o escritos reservados a los que solo debieran acceder profesionales del derecho que conocen el alcance el término dolo».
«Es decir que la gente que no es profesional del Derecho no lo interpreta. Eso agrava la indignación. Confirmando desde el mismo MPF que es patriarcal y elitista», resaltó.
Cartabia señaló que la decisión del fiscal «fue buena, respetuosa de la víctima» y cuestionó el comunicado emitido ayer por el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni informando que pidió la destitución de Rivarola.
En el informe oficial se dijo que «la solicitud efectuada por el fiscal para que se aplique el instituto del juicio abreviado violenta de modo manifiesto los principios de actuación establecidos en pactos internacionales, toda vez que se elude la aplicación de un `procedimiento legal justo y eficaz para la mujer’, que incluya ‘un juicio oportuno'».
Para Cartabia, esta postura «desconoce la legitimidad de las salidas alternativas al juicio oral, como puede ser un juicio abreviado, en casos de violencia por razones de género y borra la posibilidad de agencia y autonomía de las mujeres para tomar decisiones que involucran a sus derechos».
«La imposición de juicio oral debe ser pensada desde la realidad que enfrentan las mujeres en los estrados judiciales, donde no existen reglas que impidan la revictimizacion y se permite que las defensas técnicas desplieguen discursos y argumentos misóginos. Sabemos bien que en los casos de violencia por razones de género son las mujeres las que se sientan en el banquillo de las acusadas», aseveró la abogada.
En tanto, Toledo confirmó que la víctima «está acompañada por el Ministerio de las Mujeres nacional».
De hecho, hoy arribó a esa provincia la ministra Elizabeth Gómez Alcorta que decidió viajar porque «se trata de un caso emblemático para poner en la agenda política la necesidad de repensar los poderes judiciales para que tengan perspectiva de genero», declaró a Télam desde Rawson.