Cristina Kirchner consideró «disparate judicial, institucional y político» a la causa del memorándum

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que la causa en la que se investiga la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco del expediente por el atentado a la AMIA es un “disparate judicial, institucional y político” y aseguró que fue reabierta por jueces que se alinearon con el expresidente Mauricio Macri.
La expresidenta expuso durante poco más de una hora ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, en el marco de la audiencia en la que comenzaron a tratarse los pedidos de nulidad formulados contra la causa reabierta en 2016 por la Cámara Federal de Casación Penal y que tiene su origen en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
“Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación”, sostuvo la exmandataria tras señalar que lo único que guió sus decisiones en relación al caso AMIA fue la búsqueda de la verdad.
En este expediente, la expresidenta está acusada de haber buscado el encubrimiento de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA al promover la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán durante su presidencia.
Tras hacer un repaso del trámite del expediente, Fernández de Kirchner se detuvo en el hecho de que la denuncia de Nisman había sido desestimada por inexistencia de delito por el juez federal Daniel Rafecas y que la causa fue reabierta a partir de un fallo que firmaron el 29 de diciembre de 2016 los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, a quienes vinculó con Macri.
En ese punto, la exmandataria se refirió a los hallazgos ocurridos en el último tiempo relacionados con las visitas que ambos jueces de Casación le hicieron a Macri cuando era presidente, tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada.
“Esto es como el rey desnudo. Acá hubo alguien que encontró en un informe de ingreso de (los jueces) Hornos y Borinsky, siempre en coincidencia con las causas, tanto a la Casa de Gobierno como en Olivos. También se descubrió que Borinsky fue a la Quinta de Olivos en 15 oportunidades. Iba un poco más seguido que Hornos a la Casa Rosada. Estas visitas habían sido negadas y los informes adulterados”, sostuvo.
“Un juez que jugaba al tenis con Mauricio Macri no puede ser imparcial ante una causa que me involucra. ¿En serio que quieren hacernos creer que estas causas son legítimas? Nunca vi algo así de ilegal, los mismos jueces involucrados. Es un escándalo monumental y los medios concentrados no dicen nada”, afirmó la vicepresidenta.
Al desandar los caminos de la denuncia y buscar los motivos que pudieron haber forzado su tramitación, la exmandataria vinculó el caso con la tensión que hubo entre su gobierno con los fondos buitre y enmarcó la denuncia de Nisman en un supuesto intento de aquellos de ejercer presión sobre su presidencia para reclamar el pago de la deuda externa privada.
“El memorándum con Irán no es solo una persecución. Era esto: pagarles lo que querían a los buitres porque después de pagarles a los buitres decían que venía la bonanza. ¡Y pagaron! Lograron sacar el candado para que se pagara. Yo no lo hice. Yo me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo”, sostuvo.
En ese tramo de su exposición, la expresidenta mostró –desde su despacho en la Cámara de Senadores- una solicitada financiada por la Américan Task Force Argentina (ATFA) y publicada en diarios de Europa en la que aparecía su imagen junto a la del entonces presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, junto a la pregunta, escrita en inglés: “¿Un pacto con el diablo?”.
La denuncia de Nisman acusaba a la expresidenta, a su entonces canciller Héctor Timerman y a otras personas de haber firmado el memorándum entre Argentina e Irán para el avance de la causa AMIA: según el fallecido fiscal, detrás del tratado que fue aprobado por el Congreso se escondía el interés de restablecer relaciones comerciales con ese país para poder exportarle carnes y granos e importar de allí petróleo.
El memorándum con Irán nunca fue puesto en vigencia por parte del Estado persa y los extremos denunciados con Nisman en cuanto al comercio internacional no ocurrieron, a punto tal que los especialistas en petróleo aseguraron que Argentina no estaba en condiciones de trabajar con petróleo iraní sin un procesamiento previo.
En otro tramo de su exposición, la exmandataria se refirió al trámite del expediente en primera instancia donde fue el juez Claudio Bonadio el que habilitó el tratamiento de una causa melliza a la denuncia de Nisman, cuando avanzó con el caso por supuesta traición a la patria, denunciado por un abogado particular y luego por dos familiares de víctimas del atentado a la AMIA.
“El 29 de noviembre de 2016, (Hornos y Borinsky) resucitan, creo que es bíblico, una causa fenecida y acabada. Al otro día, el presidente Macri en una radio de Mendoza felicita con nombre y apellido a los jueces con un fallo a medida del Gobierno. Bonadio tenía la mesa servida, me pide el desafuero, no lo logra, pero sí logra encarcelar al doctor (Carlos) Zannini, a Luis D’Elia y otros presos. Incomprensiblemente, el doctor Zannini sigue pidiendo explicaciones hoy en día por qué estuvo preso cuatro meses”, sostuvo.
La segunda exposición ante los jueces del TOF 8 –Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini- fue Lucila Larrandart, abogada del ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien puso énfasis en el hecho de que los jueces que reabrieron la causa –Hornos y Borinsky- intervinieron en este expediente pese a que ellos mismos se habían excusado de intervenir en cualquier caso vinculado a la causa AMIA.
En el comienzo de su intervención, sin embargo, Larrandart también se refirió al origen de la denuncia y opinó que la hizo por “cuestiones personales” porque creía que con su presentación evitaría “que lo echen”, como alguien le había hecho creer.
También se refirió a que la denuncia fue desmentida rápidamente por el entonces titular de Interpol, Ronald Noble, quien aseguró que la firma del memorándum no haría caer las alertas rojas que pesaban sobre los imputados iraníes acusados por el atentado a la AMIA por lo que la hipótesis que indicaba que uno de los objetivos del acuerdo era dar impunidad a los acusados era falsa.
En una enumeración final, Larrandart dijo que la causa se reabrió con una grabación ilegal –de un diálogo entre el entonces canciller Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger-, se violó el principio que no habilita el doble juzgamiento, se avasalló la independencia del Ministerio Público Fiscal e intervinieron jueces que no podían hacerlo por estar excusados.
Finalmente, se refirió a las circunstancias que debió atravesar el fallecido excanciller Timerman, quien llegó a tener prohibida la salida del país por el juez Bonadio, lo que lo imposibilitó de viajar a tiempo a Estados Unidos a realizar un tratamiento experimental para el cáncer que lo aquejaba.
Entre los acusados por esta causa están también el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el senador Oscar Parrilli, espía Allan Bogado, el dirigente de la comunidad islámica argentina, Yussuf Khalil, y el exlíder de Quebracho, Fernando Esteche.