Acelerar causas de lesa humanidad y la violencia institucional, la agenda de los DDHH en 2021

El impulso de un plan estratégico para visibilizar y acelerar las causas y juicios de lesa humanidad y el impulso a un proyecto de Ley integral contra la violencia institucional que fue presentado en el Congreso nacional son los aspectos más salientes de las políticas de Derechos Humanos que se implementaron durante 2021 desde el Estado Nacional.
Un plan que incluye presentaciones en nuevas querellas y la apertura de investigaciones sobre casos de complicidad civil empresarial con la última dictadura militar y sobre el aparato de inteligencia del terrorismo de Estado fue presentado en octubre pasado, por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el predio de la exEsma.
«Queremos escuchar a las víctimas y darle más visibilidad a las causas y a los juicios para reforzar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Durante los cuatro años del neoliberalismo, la secretaría llegó a recibir a los familiares y a los representantes de los genocidas», señaló el funcionario al oficializar el plan.
En cumplimiento de esos objetivos, en los últimos meses se incrementaron «las acciones de seguimiento y denuncia frente a situaciones de demoras judiciales y para garantizar celeridad en las causas», se informó desde la Secretaría.
También se incorporaron peritos para las juntas médicas y se impulsan los procesos judiciales vinculados con la responsabilidad empresarial y articulaciones con el Ministerio Público Fiscal.
Evitar las demoras que se producen en la resolución de muchas causas que están acumuladas en Casación y la Corte Suprema es un objetivo de la secretaría y con ese propósito se realizaron 20 presentaciones en los últimos meses ante esas instancias.
La iniciativa es una respuesta de la Secretaría a las demoras que se verificaban en la Corte Suprema y con el funcionamiento de la Comisión Interpoderes de seguimiento de causas de lesa humanidad, instancia en la cual el gobierno se niega a participar porque entiende que «no se pueden convalidar» las demoras que se produjeron en varios expedientes en los últimos años.
Investigar el rol que cumplieron los actores económicos con el terrorismo de Estado y la represión ilegal en causas como Molinos, Acindar, la Veloz del Norte, Blaquier, Chavanne Grassi y Ford, es otros de los lineamientos de esta iniciativa, según se consignó.
En ese sentido, desde la secretaría se apunta «a alentar la conformación y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de la Democracia», creada por una ley y que aún no se constituyó.
En cuanto a la continuidad de los procesos de lesa humanidad, este año comenzó a activarse una causa emblemática de la complicidad civil y empresarial con terrorismo de Estado.
El pasado 8 de julio, la Corte Suprema dejó sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación, que en 2015 dictó la falta de mérito contra el dueño del ingenio Ledesma Carlos Blaquier, de 94 años, y su administrador, Alberto Lemos.
Ambos están acusados de participar en la denominada «La Noche del Apagón», un caso en el cual se investigan los secuestros y desapariciones de 29 personas en un operativo represivo ocurrido el 20 de julio de 1976 en la localidad de Libertador General San Martín, en Jujuy.
Además, se ordenó que se dictara una nueva sentencia contra el empresario y su subordinado, luego que el pasado 5 de agosto, la Sala IV de Casación resolviera declarar «inadmisibles» los recursos interpuestos por los acusados y la causa regresó al juzgado de origen en Jujuy.
En función de estos fallos, el juzgado federal 2 de Jujuy elevó el pasado 14 de octubre a juicio oral y público la segunda causa que tiene como procesados a Blaquier y Lemos, y de esta forma se concretó un prolongado reclamo de los familiares de las víctimas contra la impunidad biológica
Este año también hubo novedades en otra causa sobre complicidad empresarial, cuando a fines de septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas dictadas a dos exdirectivos de la empresa Ford y a un comandante de Institutos Militares por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de esa empresa durante la última dictadura militar.
Las condenas confirmadas alcanzan al exmiembro del directorio de la empresa Ford Pedro Müller; al exjefe de Seguridad de la firma, Héctor Francisco Sibilia; y al represor Santiago Omar Riveros.
En la continuidad de los procesos orales y públicos, lo más saliente de 2021 fue la condena dictada en la causas de Contraofensiva Montonera I y II, en el que resultaron sentenciados siete represores por los crímenes cometidos durante la represión ilegal contra los militantes que habían vuelto al país entre 1979 y 1980 para luchar contra la dictadura militar.
Tras un debate que se extendió por más de dos años, la fiscal federal Gabriela Sosti reivindicó en su alegato «el derecho a la resistencia» de esos militantes que fueron víctimas de una dictadura que aplicó un plan sistemático del terrorismo de Estado.
Según datos difundidos por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, durante 2021 se dictaron 17 sentencias: seis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dos en Mar del Plata y en San Martín; y una en Bahía Blanca, Catamarca, Córdoba, Posadas, Resistencia, Rosario y Santa Fe.
Y de esta forma «se registró así un considerable aumento interanual de las sentencias respecto de 2020, año en que se dictaron once», según datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal.
Los abusos de las fuerzas de seguridad cometidos durante los primeros meses del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y casos de gatillo fácil que tuvieron como víctimas a Lucas González, en CABA y a Luciano Olivera, volvieron a poner en discusión la problemática de la violencia institucional.
En febrero, la Secretaría respaldó la presentación de un proyecto de ley por parte de la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Paula Penacca, que entre sus aspectos más centrales se contempla la creación de «un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad».
La iniciativa también propone «principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales».
Sin embargo, el proyecto no fue tratado por el Congreso en el período de sesiones ordinarias que concluyó el pasado 30 de noviembre y se desconoce si será abordado durante el año entrante.
La problemática de la violencia institucional se abordó ampliamente durante el Encuentro Federal de Derechos Humanos que se organizó el pasado 20 de noviembre en el predio de la exEsma, donde participaron más de 3000 personas y se reclamó el tratamiento de este proyecto.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó el viernes pasado un informe sobre la situación de violencia institucional a nivel nacional en el contexto de la pandemia de coronavirus, en el que se consigna que se registraron «981 muertes» a manos de integrantes de la fuerzas de seguridad «en los últimos dos años».