El oficialismo deberá reconstruir acuerdos con partidos provinciales para sancionar leyes en 2022

La primera sesión con la nueva composición de la Cámara de Diputados reflejó que el Frente de Todos tendrá en 2022 el desafío de reconstruir una nueva mayoría con los bloques provinciales de Provincias Unidas y el Interbloque Federal para sancionar las leyes claves, tras el rechazo opositor al proyecto de Presupuesto.
Hasta el 10 de diciembre, el oficialismo pudo conformar una mayoría que le permitió sancionar leyes como las de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (ley 27612); de reforma del Impuesto a las Ganancias (27.617) que benefició a dos millones de trabajadores; de alivio fiscal para Pymes, clubes y sociedades de fomento (ley 27.653); y de Etiquetado Frontal de alimentos (ley 27.642).
Con la composición anterior, la bancada que conduce Máximo Kirchner tenía 118 votos en condiciones de votar -por la licencia de José Ignacio De Mendiguren y porque el titular del cuerpo, Sergio Massa, sólo interviene para desempatar- pero además contaba con el respaldo de seis diputados de Unidad y Equidad para el Desarrollo, dos de Acción Federal, diez del Interbloque Federal y uno del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
En cambio, en la última sesión de la Cámara, en la que ya se debatió con la nueva conformación producto de las elecciones de medio término, el Frente de Todos no pudo enhebrar los acuerdos con aquellas fuerzas, lo que le hubiera permitido contar con el número necesario para aprobar el proyecto de Presupuesto 2022, la ley más importante para cualquier año legislativo.
El oficialismo llegó al recinto de sesiones para tratar del proyecto de Presupuesto 2022 con 117 votos propios más el respaldo de cinco legisladores de las provincias de Rio Negro, Misiones y Neuquén, lo que le dificultó poder avanzar en la sanción del proyecto de ley de gastos y recursos de la administración pública.
Si bien existe desde hace dos años una fuerte paridad entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, con la nueva composición se sumó al hecho de que el FdT perdió dos diputados -pasó de un total de 120 a 118- la disminución del número de aliados y el ingreso de legisladores con una nítida voluntad opositora: los cuatro exponentes de la derecha liberal de Javier Milei y José Luis Espert y los cuatro del bloque del Frente de Izquierda.
A este panorama se suma el proceso de dispersión y puja por los posicionamientos que enfrenta JxC, cuyo bancada ahora está dividida en diez bloques o monobloques, y donde incidió la competencia interna en el radicalismo entre la línea mayoritaria de la UCR y el sector de Evolución, disputa que se moderó tras el acuerdo que alcanzaron Gerardo Morales y Martín Lousteau por los cargos partidarios.
Antes del 10 de diciembre, el interbloque de JxC estaba conducido por el experimentado legislador Mario Negri, dirigente del radicalismo cordobés, quien hoy está golpeado tras haber perdido las PASO de la coalición frente a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, jefe parlamentario de Evolución, con cuyo sector subsiste una disputa por el liderazgo y por quien se posiciona más duro contra el Gobierno.
En ese contexto, la Coalición Cívica mandó un mensaje a sus aliados de la UCR y el PRO al advertir que «voltear el presupuesto no era una opción», tras lo cual llamó a asumir posiciones más «inteligentes» y «responsables».
«Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo pueden haber encerrado a Juntos por el Cambio, pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsabilidad», subrayaron desde el partido de Elisa Carrió.
Más allá de lo que ocurra con JxC, para el FdT será esencial de cara al futuro que además de mantener el respaldo del Interbloque Provincias Unidas, como sucedió en el debate por el Presupuesto, se vuelvan a tejer acuerdos con el Interbloque Federal que encabeza el diputado Alejandro «Topo» Rodríguez, al igual que con la bancada de Somos Energía para Renovar (SER), integrada por el santacruceño Claudio Vidal y el riojano Felipe Álvarez, con lo cual podría llegar a 132 votos.
En ese sentido, será central construir esa nueva mayoría si el oficialismo pretende volver a tener una actividad parlamentaria parecida al año 2020, cuando en la Cámara baja se realizaron 17 sesiones en medio de la pandemia a través un sistema mixto con funcionamiento presencial y remoto: en esa tarea tendrán un rol importante tanto Massa como Máximo Kirchner.
En 2021, la actividad parlamentaria estuvo atravesada por la fuerte puja producto de la campaña electoral, lo que se reflejó en la disminución de las sesiones: hubo sólo 7 en el año, que hasta el mes de julio se realizaron con el sistema mixto para luego ir ampliando la participación de los legisladores en el recinto hasta llegar a la presencialidad absoluta.
En la primera sesión de 2021, el 11 de febrero, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -se aprobó en general por 233 votos contra 2-, que estableció que los acuerdos con cualquier organismo financiero internacional deben ser convalidados por una ley del Congreso.
Ese mismo día se aprobó la creación de un beneficio económico dirigido a las familias de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, en el que murieron sus 44 tripulantes, y se extendió la vigencia del programa de incentivo a la construcción a través de una rebaja de impuestos para el blanqueo de capitales que se utilicen con ese fin.
Una de las principales leyes que se aprobaron en el año legislativo fue la reforma del Impuesto a las Ganancias por el cual unos 1,2 millones de trabajadores dejaron de sufrir los descuentos en sus sueldos ya que se fijó un piso mínimo a partir del cual se debe pagar ese tributo.
La iniciativa, diseñada por Massa y respaldada por todo el oficialismo, fue aprobada el 27 de marzo por 241 votos a favor y solo tres abstenciones por parte de diputados de JxC.
En el mismo plenario legislativo se sancionaron los proyectos de reforma al monotributo; la inclusión de la educación ambiental en todos los colegios públicos y privados; y una actualización de la ley del dopaje en el deporte.
Además, en la sesión especial del 19 de Mayo se aprobó la postergación de las PASO debido a la pandemia, con lo cual las primarias se hicieron el 12 de septiembre y las elecciones generales de renovación parlamentaria se concretaron el 14 de noviembre.
En esa ocasión se aprobaron también proyectos vinculados a la reforma en Ganancias para las empresas, al fortalecimiento del sistema nacional de bomberos voluntarios, y una ayuda a los transportistas de micros escolares que no tuvieron trabajo durante la pandemia de coronavirus.
Otra de las iniciativas que se sancionó fue el proyecto que crea el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que eliminó la retroactividad a enero pasado del pago de las nuevas categorías establecidas en la ley 27.618, que comenzaron a regir a partir de julio.
Con esta disposición se buscó dar más alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas, que en la actualidad totalizan 4.080.151 contribuyentes.
Otros de los proyectos sancionados fue la denominada ley de «zona fría», que amplía el Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas en las regiones más frías del país, que fue presentada por el jefe del bloque, Máximo Kirchner.
La ley estableció una prórroga por 10 años (hasta el 31 de diciembre de 2031) de la reducción en las tarifas de gas para los municipios temperaturas más bajas, beneficio que se amplió a comunas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas
También se sancionó la ley de Etiquetado Frontal que obliga a fijar en los envases de los productos alimenticios un sello octogonal negro que advierte sobre el contenido en exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y/o calorías.
En cambio, el oficialismo no pudo avanzar en otros proyectos claves como la Reforma Judicial y los cambios en la ley del Ministerio Público.
Tampoco pudo sancionar la ley de Envase con Inclusión Social, que apunta a promover la gestión del envasado en el territorio nacional para prevenir y reducir el impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas, lo que pasará a ser responsabilidad de los productores.