Exfuncionaria del Bapro dijo que reservó salón para mesa judicial por orden de Curuchet

La exfuncionaria del Banco Provincia (Bapro) Emilia Jaime admitió hoy ante la subcomisión de Inteligencia de la Bicameral del Congreso que a pedido del extitular de esa entidad Juan Curuchet reservó la sala de reuniones donde se efectuó el encuentro de agentes de la AFI, funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal y empresarios para armar estrategias judiciales contra sindicalistas, informaron fuentes parlamentarias.
En tanto, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, sospechado de avalar el armado de causas desde su función, fue citado para mañana por esa subcomisión, pero uno de sus miembros, el diputado peronista Rodolfo Tailhade, descree de su asistencia.
Tras acusarlo de tener «una irresponsabilidad institucional sin precedentes», Tailhade dijo que «hasta ahora no tenemos ninguna confirmación y da la impresión de que no va a venir. Una actitud responsable del procurador hubiera sido avisarle a la Bicameral en qué fecha iba a asistir. Hasta ahora no hubo ninguna comunicación de Conte Grand, es probable que no venga».
Los legisladores buscan conocer el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro realizado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Bapro, del que participaron funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de la AFI y empresarios de la construcción, que quedó registrado en un video.
De esta manera, y con esta serie de testimonios, los integrantes de esa subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la Gobernación de esa época.
Fuentes parlamentarias explicaron que Jaime dijo que se dedicaba, entre otras funciones como secretaria de Curuchet, a «mandar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones con lo cual confirmó la información que surgió de los mails donde pide por tres días la sala de multiuso en la cual se grabó esa reunión».
Los voceros señalaron la exfuncionaria dijo que solo «cumplía ordenes de Curuchet» y por eso pidió la sala de reuniones como figura en los mails que tiene la subcomisión y que fueron entregados por las actuales autoridades del Banco Provincia.
Por otra parte, el ex Gerente de Recursos Institucionales Hernán Stella pidió postergar su declaración hasta febrero por «cuestiones particulares», informaron voceros a Télam.
La convocatoria a Stella apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quienes participaron de la reunión de la denominada «mesa judicial bonaerense», aunque fuentes vinculadas al caso dijeron que ese salón no dependía del exfuncionario sino de otra área del Bapro.
La semana pasada, la subcomisión ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en Mitre y San Martín, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, los miembros del cuerpo se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente «nunca hubo cámaras» en el lugar.
De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.
En el contexto de la investigación, los legisladores volvieron a citar para mañana jueves al procurador Conte Grand, quien desistió de presentarse el martes pasado ante la subcomisión de Inteligencia y pidió declarar por escrito ante ese cuerpo parlamentario.
Conte Grand fue señalado como quien avalaba desde la Procuración General bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia.
El audio de ese video -que constituyó el puntapié para el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
Tailhade advirtió que «si no viene, más allá de que es un nivel de irresponsabilidad institucional sin precedentes, me parece que la Bicameral tiene que presentarse en la Legislatura y agregar este hecho como causal de juicio político».