La Justicia Federal desaprobó la rendición de gastos de campaña de Cambiemos de 2017

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla desaprobó hoy los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para las elecciones primarias de 2017, mientras gobernaba María Eugenia Vidal, en las categorías de diputados y senadores nacionales.
En un fallo, el magistrado ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en ese expediente «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito».
Además, el juez sancionó con multas a los partidos que conforman esa alianza: el PRO ($3.246.965); la UCR y la Coalición Cívica ($990.599); los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República (todos con sanciones pecuniarias de ($34.395).
Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el gobierno de Juntos por el Cambio inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.
El caso se conoció en 2018 cuando se descubrió en un principio que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña del gobierno macrista.
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al Pro que habían realizado pequeñas donaciones de entre 350 y 1.500 pesos.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña «no coincidía» con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y dijo que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, los DNI «no se correspondían».
«Además, manifestó el auditor que se realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, donde se expuso un listado de 179 aportantes cuyo aporte superaba el 30% de su facturación mensual», añadió.
También se detectó que 40 aportantes «podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos».
Paralelamente, se detectaron 209 personas «que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anes» y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo.
La Justicia también tuvo en cuenta que «muchas de las personas declaradas en el informe» de Cambiemos «rechazan haber realizado el aporte informado».
Sumado a ello, se objetó que Juntos no haya informado gastos en honorarios de asesores, como el señor Jaime Durán Barba, «quien según fuentes periodísticas (…) cobra entre 300 y 400 mil dólares por campaña».
Los peritos de la CNE cuestionaron luego el faltante de detalle sobre propaganda en vía pública, internet y redes sociales.
En el fallo, Ramos Padilla recordó que se pidió a la alianza política Cambiemos que subsane todas esas observaciones, tras lo cual esa fuerza presentó nuevos informes de campaña.
De acuerdo al juez, aparecieron entonces nuevas denuncias de personas que negaban haber sido aportantes de la campaña de Cambiemos, por lo que se dispuso una nueva pericia de la CNE, desde donde se emitió un nuevo dictamen «teniendo en cuenta la versión rectificada de los informes de finales de campaña».
De acuerdo a los peritajes, el macrismo reemplazó o excluyó a unos 1.500 aportantes «sin brindar justificación alguna» y rectificó rendiciones de cuentas, pero «existe incertidumbre en la información brindada por la agrupación» y comprobó que de 37 personas citadas, «sólo 15 confirmaron el aporte» y el resto lo desconoció.
Los auditores contadores concluyeron en su segundo trabajo que «la información presentada por la agrupación no resulta confiable, por lo cual no se encontraba debidamente acreditado el origen de los fondos declarados».
El resto de las observaciones -gastos operativos de campaña, pago a asesores y publicidad- no fueron subsanadas, por lo que los peritos concluyeron que «subsistían observaciones significativas en los informes finales de campaña, principalmente en lo relativo a los ingresos privados de personas físicas, en los que no se acreditó debidamente el origen de los fondos».
Ramos Padilla tuvo en cuenta que el representante del Ministerio Público Fiscal también recomendó no aprobar el informe de gastos de JxC y que en la causa se recabaron testimonios y denuncias de 98 personas, 79 de las cuales negaron haber sido contribuyentes.
Así, el juez rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos «no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral» y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.