La Oficina Anticorrupción informó que hasta el 12 de marzo se podrán presentar aportes al proyecto de Ley de Ética Pública, una iniciativa que prevé incorporar cambios en el sistema de declaraciones juradas, crear un registro de personas incumplidoras y prohibir a los funcionarios poseer cuentas offshore durante su desempeño en la gestión pública, entre otras cuestiones.
«Invitamos a todos los interesados y a las interesadas, a participar de esta elaboración colectiva de un proyecto de ley que permita mejorar nuestras normas relativas a la integridad, la transparencia y la anticorrupción», convocó el titular del organismo, Félix Crous, en declaraciones a Télam. La Resolución 3/2022 de la OA -publicada hoy en el Boletín Oficial con su firma- «fija el plazo del 12 de marzo para la presentación de los aportes y las observaciones al proyecto de reforma de la Ley 25.188 en el marco de la elaboración participativa». En diálogo con Télam, Crous explicó que la OA «se encuentra en este proceso elaborativo de un proyecto de ley donde esperamos contar con muchas voces». Con esos aportes se elaborará un «preproyecto de ley que aspira que estén presentes todos los actores interesados en la materia». Asimismo, el titular de la OA recordó que «el procedimiento participativo de elaboración de normas es una creación del año 2003, un decreto que establece un procedimiento reglado para que se hagan aportes desde las comunidades, para todo tipo de leyes». «En este caso, los interesados y las interesadas podrán intervenir ingresando a la aplicación MiArgentina.gob.ar y allí deberán buscar el portal de la OA», explicó Crous, en «un procedimiento muy sencillo mediante el cual se ingresa a un formulario y allí se pueden dejar las sugerencias e ideas». En tanto, recordó que el espacio de construcción de propuestas fue anunciado el «en octubre del año pasado» cuando se informó sobre la apertura del proceso con el fin de «incorporar cambios en el sistema de declaraciones juradas, crear un registro de personas incumplidoras y prohibir a los funcionarios poseer cuentas offshore durante su desempeño en la gestión pública, entre otras cuestiones». En aquella oportunidad, mediante la resolución Resolución 18/2021 se abrió así «el Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, conforme lo establecido en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3° del Decreto Nº 1172/03 (Anexo V) en relación con el «Borrador de Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública», explicitó la norma. Crous recordó que la Ley 25.188 fue sancionada hace «20 años por lo cual resulta necesario trabajar sobre sus disposiciones, adaptándolas a los nuevos tiempos, fenómenos y a las modernas tecnologías». Esto se deberá hacer «procurando generar herramientas eficientes para regular la interacción entre el sector público y el sector privado, prevenir violaciones éticas que puedan derivar en hechos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública». De esta forma, las acciones reguladas por la nueva ley «no se limitarían al Poder Ejecutivo, sino que comprenderían la construcción de un sistema de integridad pública que contenga a todos los espacios del Estado y que por lo tanto incluya al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público». La resolución que dio origen al proceso establece que se incorporarían «cambios en el sistema de Declaraciones Juradas para asegurar su disponibilidad en forma completa y precisa, a la vez que se prevé un registro de personas incumplidoras». También se establecerán «limitaciones al fenómeno de la ‘puerta giratoria’, que alude a los vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional, ya sea antes de asumir su función pública como así también después de la misma». La invitación a participar es a «toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva a presentar sus propuestas y opiniones», indica el texto.
