Alak presentó ante la CIDH el plan de transformación penitenciaria de la provincia de Buenos Aires

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de medidas que, dijo, «cambiaron el paradigma de la gestión penitenciaria y pospenitenciaria en la Provincia», en el marco de la audiencia de la que participó por el caso conocido la «Masacre de Magdalena», un incendio en un penal en 2005 en el que murieron 33 detenidos y por el que fueron condenados tres integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La Comisión sesionó anoche, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y la audiencia estuvo a cargo de su flamante presidenta, Margarette May Macaulay, y del resto de comisionadas y comisionados que componen el organismo internacional.
La exposición del Alak discurrió desde las condiciones carcelarias registradas al inicio de la gestión hasta el Plan de Transformación Penitenciaria, compuesto por dos grandes programas.
Por un lado, explicó, «el programa de infraestructura más importante de la historia, que está en ejecución y contempla la construcción de 8 nuevas unidades y 16 alcaidías», y por otra parte, «el programa de inclusión en contexto de encierro, que se compone de 5 ejes centrales: preservación del vínculo familiar; regularización documentaria, educación; trabajo y producción; y enlace territorial con municipios. Todo ello con el objetivo de bajar la tasa de reincidencia».
La presentación se realizó en el marco de una audiencia por el caso del incendio en el penal de Magdalena conocido como la «Masacre de Magdalena», en el que murieron 33 personas privadas de su libertad la noche del sábado 15 de octubre de 2005, en la previa de Día de la Madre.
Ese día se produjo un incendio en el pabellón 16 de ese penal por una quema de colchones que duró hasta la mañana siguiente, y los agentes penitenciarios decidieron no abrir las puertas delanteras dejando a los internos expuestos al fuego.
En la ocasión, los representantes de la comitiva argentina y de la parte peticionaria acordaron avanzar hacia una instancia de diálogo para adoptar o consolidar medidas ya tomadas que eviten tragedias de esa naturaleza.
Según explicaron desde la cartera provincial, las comisionadas y comisionados celebraron el Plan de Transformación y expresaron que este caso, de sostenerse la disposición actual de las partes, podría ser de gran referencia para los servicios penitenciarios de la región.
Acompañaron al Ministro los subsecretarios de Política Criminal, Inclusión en Contexto de Encierro y Política Penitenciaria, Lisandro Pellegrini; el subsecretario de Inclusión Penitenciaria, Diego Rao y el subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso.
También fueron parte de la comitiva nacional el director Nacional de Coordinación Estratégica, Nicolás Rapetti; y Javier Salgado, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y director Nacional de Casos Contenciosos de la Cancillería.