La Justicia Federal dictó una medida de no innovar en parte de los accesos a la guarnición militar de Campo de Mayo, al considerar que existen elementos que permiten suponer que en ese lugar podría haber funcionado otro centro clandestino de detención y exterminio durante el terrorismo de Estado, en base a fotogramas aportados por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Se trata de un lugar ubicado en la puerta 8, uno de los accesos a la unidad militar de Campo de Mayo que se encuentra sobre la antigua Ruta 8, donde había una edificación de color blanco que en los años ’90 resultó demolida, según consignaron fuentes del ente recaudador bonaerense. Durante la última dictadura cívico militar funcionaron en Campo de Mayo los centros clandestinos conocidos como «El Campito»; «Las Casitas» -que se encontraba en la sede del Destacamento 201 de Inteligencia del Ejército- y otros dos que se encontraban en la Cárcel de Encausados del predio y otro en el Hospital Militar. Si esta información aportada por ARBA se verifica en sede judicial, se podría establecer la existencia de un quinto centro clandestino de detención ilegal que funcionó en ese complejo militar durante la represión ilegal. Después de haber recibido una declaración anónima, aportada por la Secretaría de Derechos Humanos, la jueza federal de San Martín Alicia Vence dictó la medida al considerar que ese lugar podría haberse usado como centro clandestino, al igual que otros espacios emplazados en ese complejo del Ejército. El aporte de los fotogramas de ARBA también fue clave en la medida debido a que el organismo digitalizó imágenes aéreas cartográficas tomadas entre los años ’70 y ’80, correspondientes a 82 sitios donde funcionaban centros clandestinos de detención. Estas imágenes fueron aportadas en 2022 al Archivo Provincial de la Memoria con el objetivo de contribuir al resguardo documental sobre el accionar del terrorismo de Estado, perpetrado durante la última dictadura cívico y militar. La digitalización de estos materiales se realizó como parte del trabajo conjunto que desarrolla la agencia recaudadora provincial con la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. El edificio al que alude ahora la justicia ya no existe como tal, pero la investigación realizada por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) con imágenes aéreas permitió reconstruir que efectivamente existió entre 1972 y 1997, cuando se dispuso su demolición. Para la jueza Vence, todos estos elementos son suficientes para avanzar con una investigación más profunda sobre el lugar. «Existen elementos que me hacen pensar que ese lugar demolido podría haber funcionado como centro clandestino de detención y que allí podrían haberse llevado a cabo enterramientos», sostuvo la jueza en una resolución consignada por el diario Página12. Por todo ello, la magistrada le ordenó al Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, no modificar, mudar, alterar o introducir cambios en esa zona de Campo de Mayo. Hasta el momento, la ARBA digitalizó imágenes de unos 82 lugares históricos vinculados con el terrorismo de Estado, en su mayoría centros clandestinos de detención, y prevé avanzar progresivamente hasta identificar un total de 233 sitios, ubicados en 41 distritos del territorio bonaerense, según explicaron desde el organismo.
