Las y los senadores del bloque de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires manifestaron hoy su “rechazo y profundo repudio ante el accionar del Ministerio de Capital Humano en relación al almacenamiento de cinco millones de kilos de alimentos en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo”.
En un comunicado, consideraron que “este alimento fue adquirido durante la gestión anterior, no fue repartido en más de cinco meses de gobierno y está en riesgo de pudrirse” y destacaron que “es indignante que tengan guardada esa cantidad de alimentos cuando un 50% de la población es pobre y un 18% indigente”.
“Asimismo, desde el Ejecutivo nacional aseguraron que dichos alimentos estaban destinados a situaciones de emergencias y catástrofes. No obstante (más allá de que esto no es así ya que dichos alimentos fueron conveniados para los comedores), no fueron distribuidos en ninguno de los temporales que azotaron nuestro país”, continuaron los legisladores peronistas.
Graficaron que “es el caso, por ejemplo, del temporal acontecido en Bahía Blanca que dejó 13 muertos en donde el presidente de la Nación no asistió a los bahienses de ninguna forma y en donde las respuestas vinieron únicamente de nuestro gobierno provincial”.
“Esta situación de desamparo debe indignarnos a todos por igual, más allá de toda bandera partidaria, es una cuestión de humanidad así como sostuvo el presidente del Episcopado Argentino, el Monseñor Oscar Ojea, quien pidió que los alimentos sean rápidamente entregados y, además, expresó: ‘nos preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad’”.
Por ello, instaron a que el gobierno nacional “presente de manera inmediata el plan de distribución de los alimentos tal como lo indica el fallo del juez Sebastián Casanello, impulsado a través de la denuncia penal del dirigente Juan Grabois”.
En ese marco, consideraron que “poder comer es un derecho básico fundamental, nada puede estar por encima del bienestar de los niños y niñas de nuestra Patria” y añadieron que “el brutal avasallamiento del gobierno nacional sobre el pueblo argentino es inaceptable”.
El lunes pasado, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Poder Ejecutivo nacional que informe qué cantidad de alimentos tiene almacenados y que elabore un plan para su distribución en 72 horas.
La medida judicial se adoptó como parte de la causa que inició el dirigente peronista Juan Grabois contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello,, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, y llega en medio de la polémica por el almacenamiento de comida por parte del Gobierno de Javier Milei, que ayer fue cuestionada por la Iglesia. La denuncia sostenía la existencia de “casi cinco mil toneladas de alimentos sin entregar”.
El juez, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, ordenó que la cartera a cargo de Pettovello presente un “detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”.
El informe deberá incluir un desglose de tipo de alimento y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería. También solicitó que se detalle los ingresos y egresos de mercadería desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia.
En el segundo punto resolutivo de su fallo, Casanello le impuso a Capital Humano que elabore un plan de distribución de los alimentos “en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato” y le dio un plazo de 72 horas para presentarlo.
Al conocer la decisión, Petovello planteó en un comunicado que apelará el pedido del magistrado, ratificó que se trata de alimentos “que las organizaciones utilizaban para los comedores fantasma”.
Detalló que “de las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría”.
Además el comunicado del Ministerio aseveró que el pedido del magistrado “es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes”, e insistió en que por no van a entregar alimentos a lo que llamo “comedores inexistentes”.
Se sostuvo que “el Ministerio de Capital Humano apelará la resolución porque no es una cuestión judicial sino que es una cuestión de política pública. Estos alimentos tienen como fin asistir en emergencias y catástrofes”.