El juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en el Centro Operativo Villa Martelli, en Vicente López, donde se encuentran los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano, mientras que su par tucumano, José Manuel Díaz Vélez, dispuso lo mismo en el galpón de Tafí Viejo de Tucumán en las últimas horas.
La medida judicial para el depósito bonaerense fue solicitada por la fiscal María Paloma Ochoa, quien planteó en el requerimiento, al que tuvo acceso Somos Télam quien expuso que a partir de la respuesta del Poder Ejecutivo se advierte “la existencia de considerables cantidades de alimentos acopiados en dos depósitos, que en parte se encuentran próximos a vencer, y en parte vencidos”.
Además, la fiscal planteó que “el propio Ministerio de Capital Humano de la Nación emitió un comunicado en el que informó que ‘a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior, ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería’”.
Citó el comunicado de Capital Humano en el que se indicó que “se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente” y puso de relieve que Pablo de la Torre fue apartado del cargo en esa cartera.
Para la Justicia, “el estado de situación planteado evidencia la poca fiabilidad de aquello que resulte informado por un organismo desconcentrado de la administración pública federal, el Ministerio de Capital Humano, que públicamente autocuestiona su funcionamiento; todo lo cual da cuenta acabada de la gravedad de la situación, en un contexto en que los efectos de lo discutido y sustanciado en este sumario, redunda en la salud de la población”.
“Consecuentemente, a fin de asegurar y verificar de modo fidedigno las características del conjunto de alimentos acopiado y que resultan objeto de la medida cautelar, como así también asegurar prueba útil relativa al fondo de los hechos investigados en autos, esta Fiscalía considera necesario y razonable que se constate en el lugar, las características del stock de alimentos almacenados”, se señaló en el escrito y se pidió el allanamiento.
De ese modo, se solicitó registrar un video de las instalaciones y el estado actual de la mercadería allí almacenada; y constatar en ese acto lo informado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en cuanto al tipo de producto, marca, lote y cantidad de alimentos y sus respectivas fechas de ingreso y vencimiento.
De igual modo, el titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez, libró una orden de presentación para obtener precisiones de los alimentos que están guardados.
Fuentes judiciales precisaron que en ese depósito de Tucumán no se encontró comida vencida, pero sí más de 330.000 litros de leche con vencimiento en la primera semana de julio.
Además, se constató que existen cajas con aceite de girasol, aceite de soja, arroz con carne, arroz y hortalizas, arvejas, garbanzos, harina de maíz, lentejas, locro, pasas de uva, pasta de maní, puré de tomate y yerba mate (más del 60% de lo acopiado).
La causa
El referente social Juan Grabois denunció al Ministerio de Capital Humano por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” ante la falta de entrega de casi cinco mil toneladas de alimentos que el gobierno tiene stockeados en dos galpones -uno en Villa Martelli, Buenos Aires; y otro en Tafí Viejo, Tucumán- en un contexto de fuerte crisis social.
Por ello, el lunes pasado, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Poder Ejecutivo nacional que informe qué cantidad de alimentos tiene almacenados y que elabore un plan para su distribución en 72 horas.
Al conocer la decisión, Petovello adelantó que apelaría el pedido del magistrado e indicó que se trataba de alimentos “que las organizaciones utilizaban para los comedores fantasma”.
No obstante, antes de ayer la ministra ordenó el desplazamiento del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, por no informarle que había productos próximos a vencerse y luego de iniciarle una presentación en la Oficina Anticorrupción (OA) por sospechas sobre contratos que el funcionario firmó con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Pese a que el accionar de la funcionaria fue criticado por referentes de organizaciones sociales, grupos de la Iglesia y dirigentes políticos, el presidente Javier Milei sostuvo que Pettovello es la mejor ministra del área social desde el regreso a la democracia.
“Claramente la ministra Pettovello no solo que no está en discusión para el Presidente, sino que el Presidente no deja de ponerla en valor. Es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado y con tantas cosas que no nos han gustado de lo que ha pasado en los últimos años en la asistencia social, los comedores, los planes, cuestiones que no funcionaban o estaban con cierta falta de transparencia. Está llevando adelante un trabajo increíble para que la ayuda llegue y no haya nadie en el medio que se apropie de lo que no es suyo”, la elogió ayer el vocero Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa.
“El Presidente expresó total apoyo a Pettovello. Está al tanto y apoya cada uno de sus movimientos”, agregó.