La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva fórmula de actualización jubilatoria esta madrugada gracias a un acuerdo alcanzado entre Unión por la Patria (UxP), la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, en una jornada de más de doce horas de debate donde se destacaron al menos 16 ausencias de referentes del PRO.
La modificación apunta a reemplazar el mecanismo que el presidente Javier Milei impuso por decreto y ya fue criticado por el mandatario quien desde su cuenta de X advirtió: “Defenderé la caja a veto puro si es necesario”.
“No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”. “A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita”, escribió Milei.
En tanto, el texto parlamentario fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, y propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, incluye una compensación extra del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).
Respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, los bloques dialoguistas pretendían que sea utilizado para el pago de los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en evitarlo por lo que finalmente se acordó el pago con fondos de la ANSES pero sin tocar el FGS.
Se pagarán con los tributos que tienen asignación específica como el impuesto al Cheque, el impuesto PAIS y el IVA.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del proyecto aprobado rondaría el 0,43% del PBI, y desde la oposición, sostienen que es un monto “razonable” que no pone en riesgo el superávit fiscal.
En tanto, durante la sesión de ayer, la derrota del oficialismo fue doble ya que además de perder la votación en general; también perdió en el artículo que proponía eliminar las asignaciones mensuales vitalicias que cobren los presidentes y los vicepresidentes de la Nación a partir de la sanción de la ley.