La Defensoría del Pueblo bonaerense advierte que el congelamiento en el presupuesto para prevención de adicciones “aumentará el consumo” de drogas

El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martelo, advirtió que el congelamiento de los recursos para la prevención de adicciones dispuesto por el gobierno nacional “aumentará el consumo” de drogas.
En un comunicado en el marco del Día Mundial contra el Abuso y el Uso Indebido de Drogas, que se conmemora mañana, el funcionario analizó que “la administración nacional va en sentido inverso a las recomendaciones de organismos internacionales”.
En ese sentido, Martello expuso datos oficiales de la ejecución presupuestaria que demuestran un claro congelamiento de la partida destinada a “Prevención, Estadísticas e Investigación sobre Consumos Problemáticos”, la cual se mantiene inalterable desde 2023, a pesar de la devaluación de diciembre y la inflación y actualmente representa menos del 10% del presupuesto de la exSedronar.
Expuso que la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) lanzó una campaña global que, precisamente, apunta a fortalecer la prevención bajo la consigna: “La evidencia es clara: debemos invertir en prevención”.
“No entender la disminución de la demanda vía generación de evidencia y prevención es ir contra las políticas más eficaces en el mundo”, remarcó Martello, quien tiene a su cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría.
El Defensor del Pueblo Adjunto explicó que, según surge de los datos de ejecución presupuestaria, la administración nacional congeló en $544 millones la partida destinada a la prevención e investigación sobre consumos problemáticos. Es decir, la partida no se actualiza desde 2023 cuando la inflación acumulada de 2024 roza el 73%.
“Estamos a mitad de año y, como es lógico ante la licuación, ya se devengaron $409,5 millones de la partida asignada, casi el 80%. Hoy la política de prevención de adicciones es prácticamente nula, el desfinanciamiento es claro”, explicó. Y agregó: “Argentina es uno de los países de América Latina con mayores niveles de consumo de cocaína y marihuana, sólo superado por Uruguay y Chile”.
Se estima que hay más de 5 millones de personas afectadas en nuestro país por el uso de sustancias ilegales.
“La situación actual exige una respuesta integral y multifacética. El Estado nacional no puede desentenderse. Las políticas públicas deben centrarse en la prevención, hoy relegada, y en el abordaje coordinado, dado que la alta prevalencia de uso de sustancias ilícitas representa un desafío significativo para la salud pública y la cohesión social”, concluyó Martello.