El juez Ariel Lijo defendió, durante casi seis horas, su candidatura para integrar la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, en una extensa jornada que incluyó algunos cruces con senadores de la oposición.
Cuando debió justificar su condición de aspirante a supremo, el magistrado se definió como «un representante del Poder Judicial» que complementará, en caso de ser aprobado su pliego, la actual Corte que está «integrada por académicos, por jueces que provienen por distintos sectores de la actividad jurídica». Ahora resta que la comisión emita dictamen recomendando o n o aceptar el pliego que luego será debatido por el pleno de la Cámara alta.
La comisión de Acuerdos, presidida por Guadalupe Tagliaferri (PRO), recibió a Lijo en el Salón Azul del Senado. Primero se leyeron las adhesiones e impugnaciones al pliego del juez y luego el candidato realizó una corta exposición donde justificó su candidatura.
«La Corte hoy está integrada por académicos, por jueces que provienen por distintos sectores de la actividad jurídica, y yo sería un representante del Poder Judicial», dijo para luego destacar su paso por diversas dependencias judiciales, «la función de los magistrados no se agota en resolver casos, en resolver expedientes», sino «que hay otras decisiones que se deben abordar».
Para Lijo, «la respuesta del Poder Judicial no puede ser solamente la resolución del caso, sin asumir que hay otras consecuencias de los casos que le tocan, el caso es el síntoma de lo que está ocurriendo». Afirmó luego que «la Corte debe tener una política que implique la tutela de casos de violencia doméstica, de género, de menores y adicciones».
A su vez, sugirió dinamizar los procesos de sentencia del máximo tribunal con el fin de bajar la litigiosidad: «Llega el momento de que la propia Corte y el Congreso se sienten y encuentren una solución». Asimismo, pidió que las «cuestiones de la política deben resolverse en el ámbito de ideas que establece la Constitución».
«Las cuestiones entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo tienen también sus propias reglas, de frenos y contrapesos. Y créanme que no siempre el Poder Judicial puede brindar una solución para este tipo de conflictos», reflexionó Lijo que, sin decirlo, se refirió así a la ley de Coparticipación nacional.
Por otra parte, y casi sobre el final de su exposición, Lijo afirmó que es «indispensable que el ámbito de la Corte Suprema se cree una secretaría especial que investigue el atentado a la AMIA».
Tras finalizar su disertación, el magistrado se puso a disposición de las preguntas de la ciudadanía y de los senadores. Tuvo cruces con las senadoras Cármen Alvarez Rivero (PRO-Córdoba) y Carolina Losada (UCR-Santa Fe) que rechazan su pliego. La cordobesa destacó que tiene varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Lijo rechazó estas observaciones e incluso recordó que fue investigado y «nunca encontraron nada, las imputaciones originales eran falsas», indicó.
Otro de las interrogantes que respondió vino por el lado de la ampliación de la Corte Suprema: la pregunta fue realizada por el senador Sergio Uñac, pero el juez la evadió al sostener que no tiene una posición tomada al respecto. En cuanto a una posible dolarización el candidato pidió ser dispensado para volcar su posición al respecto. No obstante, reconoció la potestad constitucional que existe de defensa de la moneda nacional: «El Congreso tiene una función específica que puede ejercer y el resultado de esa situación tiene que poder ser revisado judicialmente».
El senador José Mayans, presidente del interbloque de UxP, quiso saber la opinión de Lijo sobre la anulación de la ley del Consejo de la Magistratura para imponer una norma antigua y derogada. «Las leyes tienen su régimen de vigencia y derogación con toda claridad y eso no puede ser alterado», afirmó Lijo. Es más, cuando Mayans le preguntó si “¿se puede poner en vigencia una ley derogada?, el aspirante a supremo dijo «pienso que no» y agregó que la Corte “no puede invadir las atribuciones de los otros poderes”.