El Gobierno avanzará con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica, expropiada en 2012 tras su quiebra por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y la reestructuración de la Casa de Moneda, tras «severas ineficiencias» detectadas que trajeron como resultado una deuda de US$ 371 millones y un patrimonio negativo de US$ 78 millones.
«Ciccone Calcográfica es recordada por uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas mientras que la Casa de Moneda es una imprenta estatal con severas ineficiencias que se encarga de imprimir billetes, pasaportes, patentes y estampillas», recordó el vocero presidencial Manuel Adorni, al anunciar la medida este mediodía en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
El portavoz afirmó que, debido a la «mala administración de la gestión anterior», la Casa de Moneda presentaba un «verdadero despilfarro de recursos con deudas que hoy ascienden a US$ 371 millones, un patrimonio negativo de US$ 78 millones y un resultado bruto negativo de US$ 20,5 millones» y su readecuación -resaltó- «es el último clavo en el ataúd de la inflación».
«La decisión del kirchnerismo de negarse a emitir billetes de mayor denominación implicó que se gastaran desde 2020 US$ 4.700 millones en importar billetes al no dar abasto las impresoras», cuestionó, al tiempo que recalcó que esta situación se trataba de un «delirio que representaba fielmente la gestión de (el exministro de Economía, Sergio) Massa, (del expresidente Alberto) Fernández y la presidenta del Instituto Patria, la señora (Cristina Fernández de) Kirchner.
El vocero también dio más detalles de los gastos en los que incurría el organismo estatal: «Se incorporaron 211 personas que hicieron crecer la dotación a más de 1300 empleados, se financiaron 4 inmuebles, entre ellos un jardín de infantes llamado ´La Monedita´ que gastaba en promedio $ 1.200.000 por mes por niño», puntualizó y señaló que dicho jardín «tenía 60 niños que iban allí y 31 personas empleadas, es decir, prácticamente una persona contratada cada dos chicos».
Del mismo modo, señaló que el servicio médico de la Casa de Moneda «tenía ocho empleados cuando hace cuatro años tenía solamente dos», lo que implica que se «cuadriplicó la cantidad de empleados» con un gasto de US$ 370.000 por año.
«En la Argentina que ya no imprime billetes para financiar la política, la verdad poco sentido tiene seguir con este absoluto despilfarro para mantener una estructura al servicio de los degenerados fiscales», manifestó Adorni.
El funcionario detalló que la reestructuración de la Casa de Moneda incluirá despidos y que van a haber otros organismos del Estado que seguirán ese camino: «Están todos los organismos en análisis. Cuando sea el momento los vamos a ir contando», indicó.
Por otra parte, Adorni anunció que el Ministerio de Salud aprobó la inscripción de Swiss Medical en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud, que de esta forma se convertirá en la primera de las grandes prepagas en permitir que sus afiliados deriven sus aportes directamente sin tener que afiliarse a obras sociales.
«Los beneficiarios van a poder elegir con total libertad su cobertura de salud sin costos adicionales ni peajes que ofician de caja negra porque nadie sabe a ciencia cierta donde iban a para esos fondos que recibían en concepto de comisión», señaló Adorni quién invitó, en nombre del Gobierno, a que el resto de las prepagas haga lo mismo para que «los argentinos tengan cada vez más libertad».
Consultado por el cepo cambiario, el vocero señaló que aún «no hay fecha» para su finalización pero que «todos los días se quitan regulaciones y se va desarmando».
«Hoy no es el mismo cepo que se tenía el 10 de diciembre porque es una cantidad de regulaciones y trabas cambiarias astronómica; no tenemos fecha para ese levantamiento final, pero estamos haciendo todo para que ocurra lo antes posible», indicó y detalló que será factible cuando «la inflación se iguale con el crawling peg mensual del tipo de cambio».
Finalmente, dijo que el Gobierno «no está evaluando reiniciar la obra pública» y que, en el caso de las que estaban en ejecución, muchas de ellas fueron transferidas a las provincias, al tiempo que se dieron de baja las que no se iniciaron.
«Tenemos una política muy firme respecto a la obra pública y no la vamos a modificar», remarcó.