El presidente Javier Milei insistió hoy que si el Congreso nacional no aprueba la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno «entregará» la empresa a sus trabajadores, aunque admitió que hay varias empresas que ya manifestaron su intención de «quedarse» con la compañía de bandera.
«Hicimos una reducción de personal de 1.500 empleados. Se logró equilibrar las cuentas. Se está haciendo un trabajo importante. Cuando llegamos (al gobierno), el 10% solo quería que la privaticen. Igual mandamos el tema al Congreso y el Congreso no nos dejó hacerlo», dijo Milei, en una entrevista que brindó esta mañana en el canal de noticias La Nación+.
El Presidente sostuvo que ahora «frente a la salvajada liderada por (el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo) Biró hay consenso entre 50 y 50%».
Milei recordó que desde el oficialismo «tomamos un proyecto de Juntos por el Cambio, al que adherimos y la estamos proponiendo privatizar y sino se puede estamos dispuestos a entregársela a los empleados».
No obstante, dijo que «tenemos varias empresas que manifestaron su interés en quedarse con la empresa y se está trabajando en eso».
«Ahora estamos mandando esta ley. Si no pasa se la entregaremos a los empleados», insistió el mandatario.
El directorio de la empresa Aerolíneas Argentinas tiene previsto realizar mañana miércoles a las 11 una asamblea de accionistas en la que se tratará si expulsa de ese órgano al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, en medio del conflicto gremial por mejoras salariales en el sector aeronáutico.
La compañía viene avanzando en una demanda a los gremios involucrados en las recientes medidas de fuerza por los perjuicios ocasionados y advirtió que «denunciará a los principales representantes de estos sindicatos como responsables de estas medidas: Pablo Biró, por APLA, y Juan Pablo Brey, por Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA)».
La empresa puntualizó «la responsabilidad mayor» que le cabe a Biró por formar parte del directorio, al argumentar que, por «su accionar directo en contra de los intereses de la compañía», el secretario general de APLA actuó en forma desleal en contra de la propia empresa y es responsable «ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión».
«Por esta razón, por pedido de la Secretaría de Transporte, accionista principal de la compañía, se tomarán las acciones necesarias para iniciar el proceso de expulsión de dicho órgano», consignó la empresa en aquel comunicado.