El gobierno eliminó los cargos hereditarios en la administración pública

El gobierno nacional eliminó hoy la posibilidad de heredar puestos en la administración pública mediante el Decreto 959/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Anunciada días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni y Sturzenegger, la disposición impide que familiares o cónyuges de empleados fallecidos accedan automáticamente a los cargos de sus familiares en organismos como la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y el Banco Nación.
El decreto establece que, en adelante, los nombramientos deberán regirse por criterios de igualdad, mérito y transparencia, con el objetivo de asegurar que el ingreso a la administración pública sea por capacidad y no por lazos familiares.
En paralelo, se obliga a los órganos y entes del sector público a ajustar sus normativas en los términos de esta medida en un plazo de treinta días.
Hasta el momento, la designación de un hijo o cónyuge de un agente fallecido en la AFIP podía realizarse de inmediato, mientras que en ANSES se otorgaba prioridad en el ingreso a familiares de empleados fallecidos, y en el Banco Nación, el Banco Central y YPF también existen disposiciones para el ingreso de hijos de empleados fallecidos o retirados.
La normativa está acompañada por un conjunto de consideraciones que destacan la importancia de garantizar una administración pública basada en la idoneidad y en la igualdad ante la ley.
La publicación resalta que «la Constitución Nacional reafirma los principios de libertad e igualdad» y recuerda que el país se fundó sobre bases que rechazan las prerrogativas de nacimiento.
A la vez, se hace referencia al proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi, en cuyo artículo 17 se establece que «no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay fueros personales», alineándose con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que «todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad».
Además, el decreto establece un proceso de racionalización en el sector público, incluyendo una reducción del 15% en la plantilla de personal y fomentando el retiro voluntario.
La normativa también contempla la prohibición de cláusulas en convenios colectivos de trabajo que concedan beneficios hereditarios.
La cartera de Sturzenegger remarcó en un comunicado cuando anunció la decisión que «este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad».
En tanto, el vocero Adorni planteó que «el delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba en la Argentina hasta el 10 de diciembre» y afirmó que «a partir de ahora, los cargos se asignarán por mérito y esfuerzo y agregó: «En esta Argentina, nadie tiene sangre azul».
A partir de ahora, todos los cargos en la administración pública se asignarán exclusivamente en base a la idoneidad de los postulantes.