El Senado bonaerense aprobó hoy y giró a Diputados una ley que establece un nuevo marco normativo para los jubilados y pensionados del Banco Provincia (Bapro), derogando la norma sancionada durante la administración de María Eugenia Vida.
Con el apoyo de los senadores de Unión por la Patria y el bloque de la Libertad Avanza (LLA) díscolos, a cargo del senador Carlos Kikuchi, el oficialismo logró aprobar a la propuesta que deroga la Ley 15.008 aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
La nueva norma restituye el 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios del Banco Provincia (hoy establecidas al 70%) y el 75% para las pensiones (hoy se hacían al 70%). También, define la edad jubilatoria en 65 años para los varones y en 60 para las mujeres, lo cual de acuerdo a la normativa anterior igualaba a ambos géneros en 65 años.

Las voces
Durante el tratamiento en el recinto, Kikuchi justificó su apoyo al remarcar que «hay 24 municipios que son gobernados por el PRO y el radicalismo, y están pidiendo que esta ley se cambie. No sabemos quién traiciona a quién porque estos municipios están en contra, es decir que hay senadores que traicionan los mandatos de los municipios que representan».
«El mal menor es la derogación de esta ley porque si la Corte Suprema dispara esta catarata de juicios, el déficit a la caja de jubilaciones va a ser infinitamente mayor. Por eso votamos a favor de la derogación», sostuvo.
En tanto, el senador del PRO, Alex Campbell, aseguró: «Desde este bloque no vamos a acompañar este proyecto que genera más deficit a la provincia de Buenos Aires. Seguimos gastando más de lo que nos entra, y eso no lo vamos a permitir».
«Una cosa es un endeudamiento para una obra, pero seguir endeudándonos para pagar jubilaciones de privilegio de ninguna manera. Por eso no vamos a acompañar esta modificación a esta ley. Hoy el presidente esta haciendo un esfuerzo enorme después del desastre que hizo en kirchnerismo emitiendo más de lo que uno puede», añadió.
A su turno, el legislador del bloque UCR-Cambio Federal, Marcelo Daletto, se diferenció al reconocer que «a ningún jubilado le sobra la plata y no es una jubilación de privilegio esto. Detrás de estos números hay jubilados, hay problemas y hay una necesidad donde nosotros somos los únicos responsables de arreglar este tema, porque no se solucionó hace 7 años y tampoco se va a solucionar ahora».
«El sistema provisional es un problema global, no de acá», sostuvo y añadió: «Queremos trabajar por la sostenibilidad de la caja del banco, hay cosas por destacar de esta ley pero otras merecen refirmar y son graves, por lo cual como no se permitió trabajar en esta ley es que la vamos a rechazar».
En tanto, el senador del bloque de Unión por la Patria (UxP), Marcelo Feliú, pidió a sus pares: «resolvamos algo que puede ser muy perjudicial no solamente para los destinatarios directos sino en general para toda la población por lo que significaría económicamente».
«Para que lo tengamos en números, si hoy se resolviera la cuestión de fondo preanunciando las medidas cautelares el déficit sería de 375 mil millones para la provincia. Con esta ley ese deficit es de 175 mil millones. Es decir la mitad», dijo.
Y concluyó: «La solución es un esfuerzo compartido de todos, los jubilados y los trabajadores van a aportar más y el Banco con mejores números también aportará más. Se tendrá un sistema que aumenta la capacidad de financiamiento con esfuerzo compartido y no vulnera ningún derecho previsional y de los trabajadores. Hoy esto lo comenzamos a resolver».

El origen del conflicto
En diciembre de 2017, en el gobierno de Vidal, la Legislatura provincial sancionó una ley que modificaba el régimen de jubilación para los empleados de la entidad, elevando la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, igualándola con la de los hombres.
Además, se implementó un cambio en el cálculo del haber jubilatorio, basándose en el promedio de los últimos diez años de salarios, en lugar de utilizar el último sueldo percibido. Este ajuste fue argumentado por el Ejecutivo como necesario para reducir el déficit de la caja previsional del Banco Provincia, que según el gobierno estaba generando una carga insostenible para las arcas de la provincia.
Sin embargo, la norma recibió una fuerte resistencia por parte de la oposición, sindicatos y empleados del Banco, que consideraron la medida como una amenaza a sus derechos adquiridos y una pérdida en sus condiciones laborales.
A partir de la modificación al sistema jubilatorio, se impulsaron numerosos reclamos judiciales desde asociaciones de jubilados y trabajadores bancarios, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la Ley N° 15.008. De hecho, más de dos mil personas obtuvieron medidas cautelares que paralizan la aplicación de varios de los puntos clave de la normativa.
Así, en 2021, la Suprema Corte bonaerense falló en contra de la reforma impulsada por Vidal, al considerar que había violado los derechos adquiridos de los trabajadores y le pidió a la dirigencia una solución política.

Las modificaciones aprobadas hoy

La propuesta del Ejecutivo bonaerense fue elaborada en una mesa de diálogo convocada por la Corte Suprema, donde participaron la Asociación Bancaria, el Banco Provincia y organizaciones de jubilados.
El objetivo central fue lograr un acuerdo que garantizara la sostenibilidad financiera de la Caja de Jubilaciones del Banco y que se restituyeran los derechos vulnerados.
Entre las modificaciones incluidas en el proyecto, se destaca la ampliación de los aportes tanto de los afiliados activos y pasivos como del propio Banco Provincia. Las contribuciones obligatorias de la entidad bancaria alcanzarán el 21%, mientras que el aporte personal para los ingresantes será del 19%. Además, la iniciativa prevé la creación de una contribución adicional del Banco y una partida presupuestaria de la Provincia para asegurar la cobertura del déficit de la Caja.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el restablecimiento de la edad jubilatoria para las mujeres a los 60 años, que con la reforma de Vidal era de 65.
Asimismo, se incluye una tasa de sustitución del 82% para el cálculo del haber inicial, una movilidad jubilatoria atada a los salarios de los empleados del Banco, y una pensión del 75%, entre otros derechos restituidos.