La Cámara de Diputados discutirá este miércoles el proyecto de «Ficha Limpia», que busca impedir que personas con condenas penales en segunda instancia puedan ser candidatas a cargos electivos. La sesión especial fue convocada a las 12 tras el pedido de los bloques del PRO, La Libertad Avanza y parte del radicalismo.
El proyecto, parte de la agenda del bloque PRO, toma relevancia luego del fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la «Causa Vialidad». La causa investigó el direccionamiento de licitaciones de obras públicas en Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
El dictamen de mayoría, avalado el 17 de septiembre por los bloques del PRO, La Libertad Avanza, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y sectores del radicalismo, propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298). La reforma busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción, como cohecho, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito, puedan postularse. Actualmente, solo están excluidos quienes tienen condena firme o procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o represión ilegal.
Un debate con antecedentes y divisiones
El debate en comisiones reflejó diferencias sobre los delitos que justificarían la exclusión electoral, variando entre delitos dolosos en general o específicos de corrupción. Esta discusión comenzó en 2017 con el desafuero del exministro Julio De Vido, y desde entonces ha enfrentado varios intentos fallidos de avance. En 2019, Cambiemos intentó aprobar el proyecto para bloquear una posible candidatura de Fernández de Kirchner, pero no logró quórum. En 2020, durante la pandemia, Juntos por el Cambio insistió sin éxito. Hoy, con dictamen favorable, el proyecto vuelve al recinto.
Otro eje de debate: reiterancia delictiva
En la misma sesión, se tratará un proyecto que incorpora al Código Penal el concepto de «reiterancia delictiva». Esta figura aborda casos donde una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente y podría justificar medidas de coerción más estrictas, como la prisión preventiva, desde el primer llamado a declarar como imputado.