La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una iniciativa del presidente del bloque Unión por la Patria (UxP), Facundo Tignanelli, que tiene como objetivo garantizar que las instituciones de la provincia tengan acceso a los servicios públicos.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, propone que «las prestatarias de servicios públicos con jurisdicción provincial garanticen el suministro de gas, agua potable, luz y servicios cloacales» para asociaciones civiles sin fines de lucro, municipios, dependencias municipales y establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública.
Así, el corte de los servicios estará prohibido para esas instituciones, «aún cuando las mismas se encuentren en situación de mora o con aviso de corte». Se aclara en la propuesta que esos organismos «estarán alcanzados siempre y cuando sus consumos no superen los 5.000 kw/h mensuales».
También establece que las empresas prestadoras deberán otorgarles planes de pago en cuotas mensuales que les faciliten saldar sus deudas. Podrán solicitar ese beneficio, incluso, aquellos usuarios que se hayan adherido a planes de pago anteriores a la norma.
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En su intervención durante la sesión, Tignanelli declaró: «Este es un proyecto de profundo sentido de justicia social, pone igualdad entre los prestadores del servicio administrados por el privado y los que administra el sector público. Además, va a facilitar que lleven adelante las actividades de un montón de instituciones en la provincia de Buenos Aires» y puntualizó que «una sociedad de fomento, un hospital, una institución educativa o un club que tiene cortado el servicio por falta de pago significan un montón de pibes menos dentro de ese lugar».
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El legislador puntualizó duante el debate que “esto viene a poner en igualdad de condiciones a la empresa que administra el Estado que a la empresa que administra el sector privado” y puso de relieve que se trata de una medida «que va a ayudar a las instituciones hoy castigadas por las políticas de ajuste del presidente Javier Milei».
La propuesta parlamentaria determina sanciones y multas para aquellas prestatarias de servicios públicos bonaerenses que incumplan lo establecido en su articulado.
Los fundamentos
En los fundamentos del proyecto se determina que «las Asociaciones Civiles sin fines de lucro cumplen funciones sociales, culturales, deportivas y comunitarias de gran relevancia, contribuyendo al bienestar de la población y al fortalecimiento del tejido social. Es fundamental que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades».
Se agrega que «los hospitales son fundamentales para brindar atención médica a la comunidad» por lo que «interrumpir el suministro de electricidad y gas pone en riesgo la vida de los pacientes y el funcionamiento de equipos médicos vitales» y se apunta que «las escuelas son cruciales para el desarrollo educativo y social de los niños, niñas y adolescentes; y el corte o suspensión de estos suministros, puede interrumpir gravemente el proceso educativo, afectando el aprendizaje de los estudiantes y generando un impacto negativo a largo plazo en su desarrollo».
A su vez, se indicó que «los municipios dependen de la electricidad y el gas para proporcionar una amplia gama de servicios esenciales a la comunidad, como alumbrado público, tratamiento de aguas residuales, servicios de emergencias, entre otros, por lo que la interrupción de servicios básicos para esos entes, puede tener un impacto económico en la comunidad».
«El establecimiento de la prohibición o suspensión de estos servicios para estos entes, incluso en caso de mora en el pago, es coherente con los principios constitucionales de igualdad y acceso a los servicios básicos. En este sentido, es necesario establecer un marco legal de protección para estos entes que promuevan su continuidad y desarrollo, contribuyendo así al fortalecimiento del entramado social y al bienestar general de la población», cierra la medida.