La Cámara de Diputados bonaerense aprobó y giró al Senado una reforma del Régimen Penal Juvenil que busca que los adolescentes procesados o condenados realicen un proceso de comprensión y de responsabilización subjetiva de sus actos con el objetivo de lograr una real integración social.
Para eso, las penas y medidas aplicadas deberán tener el carácter de socio-educativas y se admitirá la aplicación de prácticas restaurativas en las que participen actores comunitarios, víctimas y efectores públicos para reparar las ofensas provocadas.
La propuesta, elaborada por la diputada Lucía Iáñez, busca incorporar a la legislación penal juvenil nuevos instrumentos que se adecuen a las normas internacionales vigentes vinculadas a la Convención de los Derechos del Niño.
Así, se pretende regularizar la ejecución de aquellas condenas o medidas cautelares impuestas a jóvenes punibles por delitos cuya comisión o presunción de comisión haya ocurrido antes de alcanzar la mayoría de edad.
A la vez, se busca desarrollar medidas educativas y laborales que eviten la reincidencia y logren la reinserción de los jóvenes.
En el recinto, Iáñez planteó que “es una ley necesaria que le va a permitir al Poder Judicial tener herramientas para llevar adelante que, aquellos jóvenes en conflicto con la ley penal que han sido condenados, tengan una ley específica y de acuerdo a los parámetros internacionales que se prevén en la normativa”.
“Es un proyecto que construimos de manera conjunta entre los tres poderes y esperamos que pronto sea ley”, concluyó la legisladora.