El Gobierno elimina una exigencia para habilitar centros y servicios de salud mental y adicciones

El Gobierno modificó este lunes el procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental al derogar la resolución 4107/23 que había sido publicado en la gestión del presidente Alberto Fernández.
A través de la Resolución 6155/2024 del Ministerio Salud publicada hoy en el Boletín Oficial, se eliminó una consulta vinculante con una comisión especial para agilizar esos trámites.
Así, se aprobaron las aprueban las “Normas Mínimas para Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Consumos Problemáticos y Estándares para la Supervisión Periódica de los Servicios de Salud Mental y Consumos Problemáticos”.
«A fin de promover una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental, se hace necesario avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad, que promuevan la inclusión social de las personas y garanticen una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derechos», se indicó en los fundamentos.
Se destacó la que «es recomendable que exista un abordaje integral para la habilitación y la fiscalización de estos establecimientos dentro de los cuales se destacan consultorios externos, centros de día comunitarios y hospitales de día con componente de internación, en consonancia con las exigencias establecidas por la normativa vigente».
La medida establecida por la gestión anterior determinaba que para poder avanzar con la habilitación de los centros de salud mental debía realizarse una consulta vinculante con la Comisión Permanente de Trabajo y Asistencia Técnica para la Implementación de los Estándares de los Servicios de Salud Públicos y Privados, a través de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora, solo será un paso consultivo en el caso de ser necesario.
De ese modo, la evaluación para posterior habilitación de los establecimientos estará a cargo de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación.
En el caso de que existan incongruencias, se dará intervención a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, solicitando asistencia a la Comisión anteriormente mencionada.