La cámara de Casación le concedió hoy una licencia al juez federal Ariel Lijo, un paso previo a su asunción en comisión como en la Corte Suprema, mientras que el mecanismo elegido por el presidente Javier Milei para concretar ese nombramiento y el del académico Manuel García Mansilla, un decreto de necesidad y urgencia, ya fue impugnado ante la justicia y podría enfrenar un rechazo definitorio en la cámara de Senadores.
La decisión de Casación, se tomó con la firma de los seis camaristas del tribunal: Mariano Llorens, Eduardo Farah, Roberto Boico, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun. Lijo cuenta así con la licencia para asumir en la Corte “en comisión”, un cargo que tendrá validez hasta el final del período de sesiones ordinarias, tras lo cual deberá refrendarlo el Senado. Si no se consigue ese aval, Lijo podría volver al juzgado federal que hoy ocupa.
Los camaristas relataron en su acordada que el juez había solicitado “la concesión de licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la designación en los términos del artículo 99, incs. 4° y 19° de la Constitución Nacional, efectuada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 137/2025 del 25/2/2025″.
En el tribunal decían que al juez le correspondía la licencia, pero discutían si podían dársela los propios camaristas, como pretendía Lijo o si ellos debían elevar el pedido a la Corte, dado que se trata de una licencia extraordinaria, que solo ella puede conceder. Era una discusión clave porque los camaristas tenían información de que para la Corte, Lijo solo puede asumir en el máximo tribunal si renuncia como juez federal, no con una licencia.
Ahora resta ver si con la licencia y no con la renuncia los tres miembros actuales de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, le toman juramento a Lijo en estas condiciones, un trámite sin el cual no podría asumir en el máximo tribunal, más allá del decreto.
ALERTAS
Por otra parte, el mecanismo mismo fue impugnado ante la justicia: la presentación fue realizada por el CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad) y reclama que se declare inconstitucional el decreto 137/2025, y además solicita una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la decisión impugnada y una medida cautelar interina para que se suspenda la toma de juramento hasta tanto se resuelva la cautelar requerida.
Al mismo tiempo, en el parlamento comenzaron los posicionamientos en torno a la jugada del presidente: tanto UxP como el sector de la UCR alineado con Martín Lousteau y Facundo Manes anunciaron que votarían por dejar sin efecto el nombramiento si es que se confirma, en una sesión que buscan realizar a principios del mes próximo.
Pero lo más llamativo es que esa iniciativa tendría el respaldo de al menos una parte del bloque de PRO en lo referido al caso puntual de Lijo, según anunció esta tarde el presidente de esa bancada, Alfredo De Angelis. Cerca de Macri estiman que seis de los siete integrantes no están dispuestos a acompañar la candidatura de juez federal. La toma de posición de De Angelis se da en medio de la fuerte tensión política entre Macri y Milei.
La movida para rechazar los dos (o uno) de los pliegos en el Senado antes de que el cuerpo intervenga a fin del periodo de sesiones implica que quienes la rechazan logren quorum especial de dos tercios y fuercen el tratamiento de una iniciativa que ratifique con dos tercios a los jueces, una mayoría que le sería difícil alcanzar si la oposición suma voluntades por el rechazo. De no conseguirlo el Ejecutivo, se caerían las nominaciones.