La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió la baja de dos obras sociales del Registro Nacional de Agentes del Seguro por no haber corregido irregularidades en sus balances financieros ni operativos. Con estas medidas, ya son cinco las entidades liquidadas en la última semana, en el marco del proceso de depuración y control iniciado por el Gobierno nacional sobre el sistema de salud.
A través de las resoluciones 1092 y 1093 publicadas este lunes en el Boletín Oficial, se formalizó la exclusión de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y de la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín. Ambas estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años y no habían cumplido con las observaciones técnicas formuladas por el organismo.
“Los beneficiarios deben ser notificados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura, ya sea mediante la opción de traspaso a otro agente o por asignación directa por parte de la Superintendencia”, indicaron fuentes oficiales.
En la última semana, ya se dispusieron tres medidas similares: fueron excluidas la obra social del personal aduanero y se iniciaron los trámites de baja para las del personal de la industria botonera y del sector cinematográfico de Mar del Plata.
Desde el organismo que encabeza Gabriel Oriolo explicaron que se están intensificando las auditorías y que el objetivo es “garantizar la sustentabilidad de los agentes, promover la transparencia del sistema y asegurar el derecho de los beneficiarios a elegir libremente su cobertura”.
El plan de revisión se enmarca en el rediseño del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que el año pasado modificó los criterios de distribución de recursos. El nuevo esquema eliminó compensaciones adicionales a obras sociales con menos de 5.000 afiliados y las reemplazó por una fórmula basada en cantidad real de beneficiarios. La medida afectó a más de 200 entidades que registraron una merma global de 3.483 millones de pesos.
La Superintendencia sostiene que los controles actuales buscan evitar la permanencia de entidades que funcionaban como “sellos de goma” y que se inscribían con fines meramente recaudatorios, sin prestar servicios de calidad ni someterse a auditorías regulares.