Fuerte tensión en Diputados por el veto parcial de Kicillof al presupuesto del cuerpo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof vetó parcialmente el presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para el próximo ejercicio, al dejar sin efecto un artículo que modificaba el mecanismo de transferencia de fondos desde el Poder Ejecutivo, lo que abrió una controversia política y jurídica entre ambos poderes del Estado.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 2947/2025, mediante el cual el Ejecutivo observó una disposición que establecía un sistema de giro automático de recursos, en reemplazo del esquema vigente, que prevé transferencias en función de la disponibilidad financiera del Tesoro provincial.
Con la modificación incorporada por la Legislatura, los fondos debían transferirse de manera periódica y automática, con intervención incluso del Tribunal de Cuentas, que podía aplicar sanciones a los funcionarios que incumplieran el cronograma. Ese cambio fue el que finalmente quedó sin efecto tras el veto del mandatario provincial.
La medida reactivó un debate de carácter constitucional, centrado en la potestad del Ejecutivo para intervenir sobre el modo en que se asignan los recursos a otro poder del Estado. En ese marco, legisladores recordaron el contenido del artículo 94 de la Constitución bonaerense, que establece que “la Legislatura sancionará su presupuesto (…) y esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo”.
Desde el Gobierno provincial, en tanto, argumentaron que el nuevo sistema de transferencias ponía en riesgo el funcionamiento de la cuenta única del Tesoro y generaba un trato diferencial para la Cámara de Diputados respecto de otros poderes del Estado, incluido el Senado. Fuentes oficiales señalaron que el veto parcial fue consultado con los organismos competentes y cuestionaron que el mecanismo aprobado por Diputados implicara un privilegio en la asignación de recursos.
Mientras tanto, en el ámbito legislativo comenzó a circular la interpretación de que la decisión del Ejecutivo también se inscribe en el marco de la tensión política interna entre los distintos sectores del oficialismo provincial -kicillofismo, cristinismo y massismo- que comparten el control de la Cámara baja.
El trasfondo del conflicto está vinculado al manejo de un presupuesto estimado en $222.800 millones, que surge del esquema legal que asigna a la Legislatura el 0,9% del presupuesto total de la Provincia, a distribuir luego entre ambas cámaras. Según ese criterio, al Senado bonaerense le corresponderían $156.204 millones, en función de su menor cantidad de integrantes.
Frente al veto parcial, la Legislatura cuenta ahora con tres alternativas: aceptar las observaciones y volver al sistema anterior de transferencias, judicializar la medida, con una eventual intervención de la Suprema Corte bonaerense, o insistir con el texto original mediante una votación de dos tercios de los miembros.
Pese al malestar generado por la decisión del Ejecutivo, la sesión de la Cámara de Diputados finalmente se realizó y permitió avanzar con los nombramientos pendientes que completan el esquema de autoridades del cuerpo. En ese marco, el bloque Unión y Libertad designó a Blanca Alessi en una de las vicepresidencias, mientras que la UCR ocupó la otra con Matías Civale.
De ese modo, quedó consolidada la conducción de la Cámara, cuya presidencia está a cargo del peronista Alejandro Dichiara, acompañado por los vicepresidentes Alexis Guerrera (Frente Renovador), Mariano Cascallares (Movimiento Derecho al Futuro), Agustín Forchieri (PRO) y Juan Osaba (La Libertad Avanza).