Paritarias: estatales y judiciales rechazan la oferta y presionan con medidas de fuerza

La Federación Gremial de Empleados de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) se sumó al reclamo del resto de los gremios estatales para que el gobierno de Axel Kicillof convoque a una nueva mesa paritaria con el objetivo de discutir una recomposición salarial.
Al igual que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fegeppba presentó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo para exigir que se retomen las negociaciones y que un eventual acuerdo impacte en los sueldos de marzo.
En febrero, los salarios se liquidarán con un incremento del 1,5%, definido de manera unilateral por el Ejecutivo para evitar que los haberes queden por debajo de los de diciembre, luego de que en enero se abonara un retroactivo que ahora dejará de percibirse.
En la presentación, el gremio advirtió sobre “la compleja situación económica de los trabajadores públicos” y planteó la necesidad de una “urgente recomposición acorde a los índices inflacionarios”, al considerar que los datos oficiales no reflejan el aumento real de precios en rubros esenciales.
El Gobierno había ofertado un 3% de aumento, propuesta que fue rechazada por todos los sindicatos. Aunque la paritaria continúa abierta, las partes mantienen contactos informales y esperan una nueva convocatoria que permita acercar posiciones.
El 13 de marzo aparece como fecha clave: ese día cierra el proceso interno de liquidación salarial y, si no hay acuerdo, cualquier mejora debería postergarse hasta abril, a cobrarse en mayo, salvo que el Ejecutivo resuelva otorgarla por decreto.
El endurecimiento sindical se da en un contexto de creciente conflictividad. Los gremios docentes realizarán un paro de 24 horas el lunes próximo, lo que impedirá el inicio normal de clases por primera vez desde la asunción de Kicillof.
La medida se enmarca también en una jornada nacional convocada por Ctera, con reclamos al gobierno de Javier Milei por la restitución del Fondo de Incentivo Docente y la convocatoria a paritarias nacionales.
En ese escenario, los trabajadores judiciales, nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), ratificaron en asambleas departamentales su rechazo a la última propuesta salarial del Ejecutivo, consistente en un 3% de aumento para febrero calculado sobre los sueldos de enero de 2026, por considerarla “insuficiente”.
Según informaron, las veinte departamentales avalaron por unanimidad el rechazo y resolvieron “mandatar a la Comisión Directiva Provincial la realización de un paro total de actividades”, en reclamo de una oferta superadora que permita equiparar y superar la inflación acumulada y recuperar poder adquisitivo. Además, el mandato establece que la medida de fuerza sea coordinada con otros gremios estatales y se concrete durante la próxima semana.
La AJB también ratificó su participación en las acciones que definan las centrales sindicales y los gremios de la CTA contra la reforma laboral impulsada a nivel nacional, al advertir que, aunque impacta de manera directa en el sector privado, también genera condiciones desfavorables para la negociación colectiva en el ámbito público.
En este marco, ATE propuso además avanzar en una mayor presión impositiva sobre sectores de altos ingresos para financiar mejoras salariales.
Entre las alternativas mencionadas figuran incrementos en el impuesto inmobiliario rural, recargos para inmuebles en barrios cerrados, gravámenes adicionales a propiedades urbanas ociosas y el fortalecimiento del impuesto a la herencia.