La reactivación de la actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires, tras la conformación de las comisiones permanentes en ambas cámaras, abrió paso a una discusión que reúne a intendentes de distintos espacios políticos: la posibilidad de que los municipios dispongan libremente de los recursos que recibirán a partir del endeudamiento autorizado al gobierno de Axel Kicillof.
Detrás de un planteo que parece técnico se esconde una disputa política que atraviesa al oficialismo y a la oposición. Los jefes comunales buscan eliminar las condiciones que actualmente limitan el uso de una parte de esos fondos, en un contexto marcado por la caída de la recaudación y el deterioro de las cuentas municipales.
Cuando a fines de 2025 la Legislatura aprobó el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo bonaerense por un monto equivalente a 3.685 millones de dólares, uno de los acuerdos centrales fue la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. El esquema estableció que los municipios recibirían el equivalente al 8% de los recursos obtenidos mediante esa operación financiera, con un piso garantizado de $250.000 millones distribuidos en cuotas para dar previsibilidad a las administraciones locales.
Sin embargo, la distribución del fondo quedó dividida en dos partes. Mientras el 70% se reparte automáticamente mediante el Código Único de Distribución (CUD), el 30% restante depende de programas administrados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Transporte y el Instituto Cultural. Ese mecanismo es el que ahora intentan modificar los intendentes.
A principios de mayo, representantes de municipios gobernados por el radicalismo y por integrantes del Foro de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo mantuvieron reuniones con autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense y referentes de distintos bloques políticos. Allí plantearon la necesidad de que los fondos puedan utilizarse sin condicionamientos y advirtieron sobre el impacto que la desaceleración económica tiene sobre las finanzas locales.
En una nota presentada a legisladores provinciales, los intendentes señalaron que la merma de la actividad económica afecta tanto la recaudación propia como los recursos coparticipables, generando una creciente presión sobre los presupuestos municipales. Por esa razón reclamaron la facultad de definir directamente el destino de los recursos.
La iniciativa encontró respaldo en distintos sectores de la Legislatura. Incluso, dentro del oficialismo algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado si desde el inicio se hubiera previsto que la totalidad de los fondos llegara a los municipios sin asignaciones específicas.
La presión para modificar el esquema también volvió a ser planteada por la UCR. El diputado Matías Civale, referente del radicalismo y cercano al intendente de Tandil, Miguel Lunghi, adelantó que en las próximas semanas intentarán reunir consensos para aprobar un proyecto que permita a los municipios disponer libremente de la totalidad de los recursos. «Los municipios son los que están más cerca de los vecinos y hoy atraviesan una situación muy difícil», sostuvo.
La iniciativa cuenta con respaldo de intendentes de distintos espacios políticos y ya tiene una expresión legislativa concreta. Días atrás, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, presentó un proyecto para modificar el mecanismo de distribución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), de manera que los municipios puedan decidir el destino del 100% de los recursos. La propuesta también contempla la intervención de una comisión bicameral en el seguimiento de la asignación de fondos.
Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que cualquier modificación corresponde exclusivamente al ámbito legislativo y aseguran que no existe objeción respecto del destino que los municipios puedan darle a los recursos. No obstante, las tensiones entre la Gobernación y distintos sectores de la Legislatura vienen acumulándose desde hace meses y vuelven a reflejarse en esta discusión.
La preocupación de los intendentes se apoya en una realidad financiera cada vez más compleja. Varios jefes comunales advierten que los próximos meses serán especialmente difíciles y que algunas administraciones podrían enfrentar problemas para afrontar obligaciones básicas, entre ellas el pago del medio aguinaldo, y el pago a proveedores.
“Los recursos no alcanzan y la situación es cada vez más ajustada”, reconocen en distintos municipios. En ese marco, consideran que contar con fondos de libre disponibilidad les permitiría atender urgencias vinculadas al funcionamiento cotidiano de las comunas, desde la asistencia social hasta la seguridad y los servicios esenciales.
Con las comisiones legislativas ya conformadas, el reclamo comenzará a transitar formalmente por la Legislatura bonaerense. Allí se definirá si los intendentes logran modificar las reglas de distribución o si el gobierno provincial mantiene el esquema vigente para administrar una parte de los recursos provenientes del endeudamiento.