La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó hoy una serie de proyectos de ley en materia de discapacidad, protección de personas en situación de calle, lucha contra la discriminación y expropiación de tierras, durante una sesión ordinaria realizada en el Palacio Legislativo platense.
El cuerpo dio sanción final a la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N° 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad. La iniciativa, impulsada por el senador de La Cámpora Emmanuel González Santalla, habilita al gobierno provincial a ejecutar acciones de prevención, asistencia, promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
En la misma sesión se sancionó otro proyecto vinculado a discapacidad, en este caso presentado por la senadora radical Nerina Neumann, que adhiere a la Provincia al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. Ambas iniciativas contaron con el respaldo en el recinto del radical Diego Garciarena, el lilito Andrés de Leo y la camporista Marga Recalde.
Los diputados bonaerenses convirtieron además en ley un proyecto que llegó con media sanción del Senado, elaborado por el senador del Frente Patria Grande Federico Fagioli, que fija criterios y políticas para la protección de las personas en situación de calle. La aprobación se dio a partir de un acuerdo entre el oficialismo y el bloque de La Libertad Avanza, que respaldó su tratamiento en el recinto.
También obtuvo sanción una iniciativa del diputado Facundo Tignanelli para expropiar un predio ubicado en el partido de San Vicente, que será destinado al desarrollo de un barrio.
Por otra parte, la Cámara aprobó un proyecto impulsado por el vicepresidente primero del cuerpo, Alexis Guerrera, que actualiza la Ley Nacional Antidiscriminación de 1988 y le da a la Provincia de Buenos Aires su propia normativa en la materia. La norma busca dar mayor celeridad a la justicia ante hechos de discriminación y reforzar las políticas públicas de prevención.
Entre los cambios que introduce, la ley establece que la carga de la prueba en los casos de discriminación recaerá sobre la parte demandada, que deberá justificar de manera objetiva y razonable el carácter no discriminatorio de su conducta, mientras que a la parte denunciante le corresponderá acreditar los hechos denunciados.