Un informe del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, detectó que 1,84 millones de bonaerenses están en mora, con una deuda impaga de $6,49 billones. El organismo, a cargo de Guido Lorenzino, lanzó además una guía y un servicio de asesoramiento para refinanciar deudas.
La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un relevamiento sobre el endeudamiento de las familias de la provincia que, además de confirmar la magnitud del problema, puso el foco en su costado menos visitado hasta ahora: el peso desproporcionado que la crisis crediticia tiene sobre los más jóvenes.
El trabajo estuvo a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, a partir de información pública disponible a septiembre de 2026. De acuerdo al informe, 1,84 millones de bonaerenses están en mora y acumulan una deuda impaga de $6,49 billones, con un promedio provincial de morosidad del 20,17%. El relevamiento, que cruzó municipio por municipio los datos del Banco Central, el INDEC y la secretaría de Trabajo, ubicó a José C. Paz a la cabeza del ranking distrital, con 32,86% de mora monetaria, seguido por Presidente Perón (32,73%), Florencio Varela (32,48%), Malvinas Argentinas (31,34%) y San Vicente (29,92%). En el otro extremo, La Plata registró el valor más bajo entre los distritos con información recuperada, con 15,61%, lo que marca una brecha de más de 17 puntos entre las puntas del mapa.
Ese contraste territorial, sin embargo, queda opacado por otro hallazgo del informe: el fenómeno etario. La tasa de mora a nivel nacional se ubicó en 17,4% en junio de 2026, pero entre los menores de 25 años ese número prácticamente se duplica y llega al 36,84%.
De la mano de ese diagnóstico, la Defensoría lanzó la campaña de educación financiera «Antes de Firmar», con una guía dirigida específicamente a jóvenes que expone algunos de los datos más críticos del fenómeno: el 40% de los chicos de entre 18 y 21 años que tomó un préstamo tiene dificultades para pagarlo, 9 de cada 10 se endeudó antes de conseguir su primer empleo formal, y la mora en fintechs y billeteras virtuales triplica a la de la banca tradicional. Según el material, la mora en tarjetas de crédito está en su nivel más alto en más de dos décadas, y fuera del sistema bancario tradicional ese deterioro se agrava todavía más, justo en el segmento donde más jóvenes piden prestado.
La guía busca explicar en lenguaje simple las señales de alerta antes de tomar un crédito -aprobaciones exprés sin verificación de capacidad de pago, cuotas «sin interés» que esconden un precio de contado inflado, ofertas de refinanciación apenas se detecta un atraso- y términos como la Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total (CFT), este último señalado como el dato clave que las entidades suelen dificultar encontrar. El material también incluye seis preguntas sugeridas antes de firmar cualquier crédito y recomendaciones para quienes ya están en mora, como ordenar las deudas, priorizar las que crecen más rápido y pedir por escrito cualquier acuerdo de refinanciación.
En paralelo, el organismo puso en marcha un servicio de asesoramiento para acompañar a quienes necesiten refinanciar deudas derivadas de préstamos personales o tarjetas de crédito. La iniciativa contempla la intervención de la Defensoría ante las entidades acreedoras para solicitar alternativas de pago acordes a la situación económica de cada consumidor, entre ellas planes de refinanciación, reducción de intereses o quitas.
«Buscamos mediar y acompañar a las y los consumidores para defenderlos ante situaciones financieras complejas. No hablamos de que la gente no pague, sino de una instancia de gestión y negociación razonable y sostenible», explicó Lorenzino. Quienes registren mora o necesiten renegociar sus compromisos financieros pueden iniciar el trámite presentando la documentación que acredite su situación económica y sus deudas vigentes a través de un formulario habilitado por el organismo.
El diagnóstico de fondo, según el propio informe, remite a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, el salario privado registrado aumentó 35,2%, mientras que el costo de vida del Gran Buenos Aires acumuló una suba de 40,8%, con los alquileres a la cabeza con un alza de 70,9%. Ese desfasaje, sostiene la Defensoría, llevó a que buena parte del crédito dejara de destinarse a consumos extraordinarios para empezar a cubrir gastos corrientes que el salario ya no alcanza a afrontar.
A partir de ese diagnóstico, el organismo propone además construir una matriz de los 135 municipios bonaerenses que combine cantidad de deudores, personas en mora, deuda por habitante, composición etaria y Necesidades Básicas Insatisfechas, sobre la que se elaboraría un Índice Municipal de Vulnerabilidad Financiera para diseñar políticas de prevención focalizadas por distrito y franja etaria.