El Gobierno nacional dio luz verde a la venta de las participaciones de Energía Argentina S.A. (Enarsa) en tres centrales termoeléctricas, en el marco de la privatización de la compañía estatal contemplada en la Ley de Bases. La medida, oficializada mediante el Decreto 1107/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, comprende a Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., Termoeléctrica José de San Martín S.A. y, en una instancia posterior, a Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A.
Las ventas se harán mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales. En los dos primeros casos, el Estado ofrecerá las acciones que hoy controla a través de Enarsa. En cambio, la participación en la central Guillermo Brown saldrá a la venta recién cuando se liquide el fideicomiso asociado a esa planta y la empresa incorpore formalmente esos títulos a su patrimonio.
El decreto encomienda al Ministerio de Economía, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la implementación de los procedimientos. La decisión se inscribe en la privatización total de Enarsa, aprobada en 2025, y avanza ahora sobre activos del segmento de generación eléctrica.
La autorización abarca la totalidad de las tenencias de Enarsa en ambas termoeléctricas. En Termoeléctrica Manuel Belgrano (TMB), la empresa estatal posee 4.601.324 acciones, equivalentes al 65,01% del capital social. En Termoeléctrica José de San Martín (TSM), su participación suma 4.871.709 acciones, que representan el 68,83% del total.
El resto del capital de las dos compañías pertenece a agentes generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que integraron el Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, conocido como Foninvemem.
Ambas sociedades se constituyeron el 13 de diciembre de 2005, como parte de una política de ampliación de la generación eléctrica financiada con acreencias de empresas del MEM. Ese esquema previó la construcción de dos centrales de ciclo combinado de al menos 800 megavatios cada una.
Para administrar el financiamiento, en abril de 2006 se firmaron los fideicomisos de las centrales Manuel Belgrano y Timbúes, esta última correspondiente a TSM. Esos contratos establecían la gestión de los fondos hasta la habilitación comercial de las plantas y el recupero de la inversión a través de los contratos de abastecimiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).
El 1 de junio de 2026 se suscribieron los convenios de extinción y transferencia de esos fideicomisos, a partir de los cuales comenzó el traspaso de los activos a TMB y TSM. La participación estatal en ambas firmas había sido asignada en 2021 a la entonces Integración Energética Argentina S.A., hoy Energía Argentina S.A., una de las empresas públicas sujetas a privatización según el artículo 7 de la Ley 27.742.
La norma faculta al Ministerio de Economía a vender los paquetes accionarios de TMB y TSM a través del mecanismo previsto en la Ley 23.696 de Reforma del Estado. El decreto no establece todavía fechas de convocatoria, condiciones económicas ni requisitos para los oferentes.
En el caso de Central Termoeléctrica Guillermo Brown (CTGB), el cronograma será distinto, ya que Enarsa todavía no es titular directa de las acciones que pretende vender. Su ingreso como accionista está supeditado a la extinción del fideicomiso creado para construir, operar y mantener la central.
Según los antecedentes citados en el decreto, la participación de Enarsa en CTGB se calculará en función de los aportes que hizo el Estado nacional para levantar la planta. Una adenda firmada en 2012 estableció que esa porción no podrá ser menor al 70% del capital.
El fideicomiso de la Guillermo Brown vence el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con una adenda firmada el 9 de abril pasado. Una vez concluido el contrato de abastecimiento con el MEM, la sociedad gerente contará con 90 días para completar los actos societarios necesarios e incorporar a Enarsa como accionista. Solo después de ese paso, el Ministerio de Economía podrá llamar a licitación. La Secretaría de Energía deberá intervenir, a través de los órganos societarios de CTGB, para gestionar la liquidación del fideicomiso y la suscripción de las acciones a nombre de Enarsa.
Licitación para el Palais de Glace
Por otra parte, mediante el Decreto 1106/2026, también publicado hoy, el Gobierno dispuso concesionar el Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), declarado Monumento Histórico Nacional, con el objetivo de encarar su restauración, administración y sostenibilidad económica. El futuro operador será seleccionado mediante una licitación pública nacional e internacional.
El proyecto contempla la puesta en valor, reparación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios en el edificio de Posadas 1725, con referencia también en Avenida del Libertador 1248. Además, habilita actividades complementarias o accesorias, siempre que sean compatibles con el carácter cultural del inmueble.
El llamado deberá concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia del decreto. El proceso estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Según los fundamentos, la concesión apunta a recuperar la integridad material del edificio, actualizar sus condiciones de funcionamiento y fortalecer su operación. Las actividades comerciales y los servicios que incorpore el concesionario tendrán un rol instrumental: su finalidad será generar recursos para financiar la conservación y asegurar la continuidad de la función cultural del espacio.
La norma exige que las futuras explotaciones sean «estrictamente compatibles con el carácter cultural» del Palacio, una condición que acota el tipo de propuestas admisibles y que deberá tenerse en cuenta tanto en la elaboración de los pliegos como en la evaluación de las ofertas.
Además de la restauración arquitectónica, la iniciativa incluye la administración diaria, el mantenimiento, la conservación y una eventual ampliación del inmueble. Sin embargo, el decreto no detalla qué obras se harán, con qué presupuesto ni por cuánto tiempo se otorgará la concesión.