La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense declaró de interés el juicio por la verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez y la sentencia que determinó que esos hechos constituyen delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado. La medida se oficializó mediante la Resolución 19/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del subsecretario Matías Moreno.
La sentencia fue dictada el 22 de junio de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence. Allí se dieron por probados los allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y fusilamientos clandestinos perpetrados en los basurales de José León Suárez entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956.
Según el fallo, los hechos fueron ordenados por el gobierno provisional encabezado por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas y ejecutados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo las órdenes del jefe de policía, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, y de Juan Constantino Quaranta, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El operativo fue comandado en el terreno por el inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno, que dio la orden de fusilamiento siguiendo directivas transmitidas por radio desde la Jefatura de Policía.
La jueza les atribuyó responsabilidad penal por allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado con alevosía, y determinó que, de haber sido posible juzgarlos, les habría correspondido prisión perpetua. El fallo declaró además la responsabilidad del Estado nacional en la planificación, ejecución y encubrimiento de los hechos, y consideró que pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad por haber sido cometidos en el contexto de los acontecimientos ocurridos entre el 16 de junio de 1955 y el 1° de mayo de 1958.
La sentencia dispuso también la rehabilitación del buen nombre y honor de Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Mario Brión, Juan Carlos Livraga, Miguel Ángel Giunta, Horacio di Chiano, Norberto Gavino, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez y Rogelio Díaz, y ordenó su incorporación al Registro de Víctimas de Violencia Institucional del Estado.
Entre las medidas reparatorias, el fallo ordenó publicar la sentencia en los sitios oficiales de derechos humanos de la Nación y la Provincia, difundirla en los medios públicos, incorporar los hechos a los diseños curriculares, instalar placas conmemorativas y crear un Sitio de Memoria en el predio de los basurales de José León Suárez, a cargo del municipio de San Martín y de la Provincia. También dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación investigue los documentos del llamado “Fondo Isaac Rojas” y que se incorporen al Archivo General de la Nación.
La magistrada invitó además al Congreso, a la Legislatura bonaerense y a los concejos deliberantes de San Martín y Vicente López a declarar de interés la sentencia, una iniciativa que la Subsecretaría decidió acompañar con esta resolución. En los considerandos, el organismo destacó que el juicio “incorpora definitivamente los Fusilamientos de José León Suárez al proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia”.