«Abandonado a su suerte», la lapidaria conclusión durante 2021 de la pesquisa de la muerte de «D10S»

«Omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función, agravando el cuadro de salud, colocándolo en una situación de desamparo y abandonándolo a su suerte, ya que provocaron el deceso de Diego Armando Maradona».
Ese párrafo resume la conclusión a la que arribaron tras un año de investigación los tres fiscales, quienes imputaron a ocho profesionales de la salud por la muerte del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, el «Pelusa», que de Villa Fiorito llegó a cumplir su sueño de levantar la copa del mundo en México ’86 y terminó muriendo el 25 de noviembre de 2020, solo, en la cama de una improvisada habitación montada en el playroom de una casa alquilada en un country de Tigre.
La causa dejó al descubierto que a Maradona no lo cuidaron como correspondía y que, por más complejo que pudiera ser como paciente, los médicos que tenía ignoraron de manera temeraria señales claras del deterioro de su salud que lo llevaron a su muerte: se la pasaba en la cama, no comía, estaba taquicárdico y con edemas. Nadie hizo nada.
«Se va a cagar muriendo el gordo», dijo el principal imputado, el médico de cabecera Leopoldo Luque al enterarse que lo estaban reanimando. Para los fiscales, esa frase prueba la representación del resultado muerte que el equipo de salud tenía sobre el paciente.
En la Fiscalía General de San Isidro están conformes con el trabajo realizado en un año teniendo en cuenta la relevancia de la víctima, lo complejo de la investigación y lo voluminoso de una causa que ya llegó al cuerpo número 40, es decir, con 8.000 fojas.
En un principio, el juez de la causa había caratulado el expediente como un posible «homicidio culposo» (con pena de 1 a 5 años de cárcel), cuando los únicos notificados como sospechosos eran el neurocirujano Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los médicos personales del «10».
Pero los fiscales fueron por más: tras analizar testimonios, documentos médicos, conclusiones forenses y miles de mensajes de texto y audio en chats de los implicados, agravaron la acusación y sumaron otros cinco imputados: el psicólogo Carlos Díaz; la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.
Para el equipo de investigadores creado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y que está integrado por sus adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, la carátula es «homicidio simple con dolo eventual», con pena de 8 a 25 años de prisión.
En otras palabras, se representaron la posibilidad de que se podía morir, ignoraron todas las alarmas y Maradona se les murió.
La clave de la imputación para estos siete acusados fue la «Junta Médica» que entre marzo y abril analizó, con la participación de 22 peritos oficiales y de parte, las circunstancias de la muerte de Diego.
Primero, ratificaron las conclusiones de la autopsia: murió de un «paro cardíaco no traumático, secundario a edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca congestiva crónica reagudizada» y se le detectó una «miocardiopatía dilatada». El corazón de Diego, aquel plagado de elogios por su entrega y sus proezas en la cancha y que soportó también años de excesos, pesaba 503 gramos, el doble que uno normal.
No había alcohol ni drogas ilegales en su organismo, pero sí fármacos, algunos contraindicados para pacientes cardíacos.
Las conclusiones fueron lapidarias: Maradona agonizó 12 horas, «no estaba en pleno uso de sus facultades mentales», pudo haber tenido «más chances de sobrevida» si hubiera estado internado en una clínica, la internación domiciliaria no fue tal, «fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba» y el «equipo médico tratante» fue «deficiente», «temerario» e «indiferente» ante la posibilidad cierta de su fallecimiento.
Tal como lo escribieron en su imputación, los fiscales están convencidos de que los acusados «fueron solidaria y conjuntamente responsables» del final que tuvo Maradona cuando murió una internación domiciliaria que fue un fracaso.
Los primeros siete acusados fueron indagados en junio y se fueron echando culpas unos a otros: Para Luque y Cosachov, la internación era responsabilidad de Swiss Medical, para la prepaga era de los médicos particulares y para los enfermeros, Maradona era un paciente difícil y nadie les avisó que padecía cardiopatías.
Las polémicas e internas del «entorno» que rodearon a Diego a lo largo de su vida, se repitieron en este y otros expedientes paralelos con chicanas y acusaciones cruzadas.
Dalma y Gianinna dejaron fuera de la causa a Matías Morla como abogado de las hermanas de su padre; el abogado Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, acusó a también a Morla y su entorno de cometer un «homicidio criminis causa» y recusó a los fiscales por no avanzar sobre esta hipótesis, pero terminó con una causa para que se investigue si omitió denunciar que a Maradona lo cuidaba un prófugo de la justicia y que le daban marihuana, pastillas y alcohol.
Cuando todo indicaba que la instrucción concluía, a fines de noviembre la Fiscalía sumó un octavo imputado: el médico Pedro Di Spagna, que era el clínico contratado para hacer el seguimiento del paciente en la internación domiciliaria y que vio a Diego una sola vez.
¿Qué se viene en la causa? El 20 de diciembre será la indagatoria a Di Spagna, se espera por la fecha de una audiencia oral donde se tratará la recusación de los fiscales y, como se sumó un nuevo imputado, los otros siete acusados volverán a ser convocados a ampliar sus indagatorias para leerles que ahora también están acusados de actuar con el octavo imputado.
¿Para cuándo el juicio oral? Parecería algo lejano. Habrá que ver si el primer semestre de 2022 le alcanza a los fiscales para formular el requerimiento de elevación a juicio, que luego el juez lo acepte con todos los imputados o si deja a alguno afuera y las sucesivas apelaciones que devengan de esa resolución.
En 2023 se podría llegar a conocer qué tribunal quedará a cargo del juicio y si será o no por jurados.
Ese tribunal será el que tenga la última palabra y definirá si estos ocho profesionales de la salud son culpables o inocentes y si actuaron con dolo eventual o con negligencia. En definitiva, deberá resolver quién fue responsable de la muerte de «D10S».