Cuando el 30 de diciembre de 2020 el Senado de Argentina legalizó el aborto, los movimientos feministas de América Latina y el mundo volvieron la mirada al país del sur con esperanza. La marea verde que se había gestado y sostenido en las calles llegó hasta los más altos despachos y logró hacer realidad una lucha de décadas por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
En tres años desde ese histórico suceso, en Argentina se consolidó una política de acceso al aborto, que se amplió a tal punto de que las cifras muestran un significativo aumento de los servicios que proveen esta práctica legal y segura en todo el país y una disminución de las muertes maternas, hitos que junto a otras políticas de salud sexual y reproductiva han permitido también disminuir los embarazos adolescentes y priorizar la educación sexual.
«Lo que la ley 27.610, que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, trajo a las mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar en la Argentina es un contexto mucho más amigable, más previsible, más seguro, menos estigmatizado, porque las mujeres no deciden tener un aborto porque hay una ley o porque no la hay», explica a Efeminista Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), que recientemente publicó un estudio sobre los logros de la política de acceso al aborto y las amenazas actuales en Argentina.
Tres años de aborto legal en Argentina
Ramos señala que históricamente las mujeres que han decidido interrumpir un embarazo lo han hecho «porque están convencidas de que es lo mejor para ellas, para su familia, para su futuro, para su bienestar, para su vida, para su salud». «Y lo que hace la ley es crear condiciones que hacen que ese aborto sea más seguro, que no carguen con un estigma, el estigma de la clandestinidad, y que ese aborto sea un acto digno para las mujeres», agrega.
Sin embargo, esos hitos ahora corren peligro de quedar en el papel con la llegada del Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que, dice Ramos, se está encargando de vaciar las políticas feministas entre las que está el derecho a acceder a un aborto legal.
El principal logro que se alcanzó tras la aprobación de la ley es la democratización del acceso al aborto. Desde la sanción de la norma se duplicaron los servicios de salud que garantizan esta práctica en el país, aunque es muy variable la cantidad de instituciones según las provincias, con un rango que varía entre provincias que tienen entre 2 y 4 servicios por cada 100.000 mujeres y provincias que tienen entre 53 y 57 servicios cada 100.000 mujeres.
«En tres años pasamos de tener 900 servicios que proveen abortos en Argentina a casi 1.900 servicios públicos que ofrecen la prestación del aborto seguro y eso sin duda es un muy buen indicador», resalta Ramos.
Disminución de las muertes maternas
Con respecto a las muertes maternas, el reporte registra una disminución de muertes por complicaciones de aborto que se dio especialmente a partir de la sanción de la ley, al igual que los fallecimientos de mujeres por causas indirectas, ocasionadas por enfermedades preexistentes que se agravan por el embarazo. En estos años, dice la especialista, estas cifras se redujeron «en dos terceras partes». «Pasamos a tener tan solo unas 15 muertes maternas en todo el país», destaca.
También señala que nueve de cada diez abortos que se hicieron en 2023 en la Argentina se realizaron antes de las 12 semanas de gestación, lo que, dice, es muy importante.
«Sabemos que cuanto antes las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan recurrir a un servicio de salud e interrumpir un embarazo en edades gestacionales más tempranas, las primeras, es más seguro y es más fácil, se puede utilizar los medicamentos, se puede promover el aborto autogestionado», explica.
La misma cifra de nueve de cada diez personas se registra en la edad de quienes acceden al aborto, que en este caso tienen 20 años o más. El número de adolescentes, incluidas las niñas, no supera el 10%. La proporción mayoritaria en todos los casos se concentra en el grupo etario de 20 a 29 años.
Otras políticas de salud sexual y reproductiva
El informe destaca también la reducción de embarazos adolescentes, lo que no es producto únicamente de la implementación de servicios de aborto, sino también «del entorno propicio», detalla el informe, que generaron políticas como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y la educación sexual integral.
La reducción de 50% de la tasa de fecundidad adolescente observada entre 2018 y 2022 «marca un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos». «Más aun, se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57%, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. Un descenso de esta magnitud es inédito en América Latina», afirman las investigadoras en el documento.
«Una maternidad temprana lo que provoca, y esto está ampliamente estudiado, es cercenar las oportunidades de desarrollo educativo y de inserción laboral. Una maternidad temprana trunca las trayectorias educativas de las pibas (niñas) y también les dificulta un razonable acceso al mercado de trabajo», menciona Ramos.
Por medio de estos programas, se realizaron campañas para prevenir el embarazo adolescente, se fortaleció la educación sexual, se brindaron asesorías en salud integral en las escuelas y en las comunidades y se incentivó el uso de métodos anticonceptivos.
Milei, una amenaza al derecho al aborto
Sin embargo, hace unos meses, en abril de este año, el Gobierno de Javier Milei anunció el desmantelamiento del Plan ENIA, pese a las importantes reducciones en embarazos adolescentes antes descritas.
Otro de los retrocesos se registra en la provisión de los medicamentos que se utilizan para el aborto, un método que se convirtió con el más usado durante estos últimos tres años. «La amplísima mayoría de los abortos se realizan con medicamentos, que es el tratamiento recomendado», señala Ramos.
El Estado se encargó de comprar y repartir a las provincias el misoprostol y la mifepristona y tres laboratorios públicos empezaron a producir el primer tipo de pastillas. «Afortunadamente, el aborto con medicamentos se instaló en la Argentina, tanto en el sector público como en los abortos autogestionados, que también siguen existiendo».
Pero ahora, relata, la repartición de esos medicamentos es muy escasa, pues sólo se está repartiendo lo que se había comprado en la administración anterior. «No ha habido compras de insumos para el aborto por parte del Ministerio de Salud. Ahí hay una decisión política de no proveer estos medicamentos al resto del país, lo cual sin duda es una muy mala señal».
«También es muy mala señal todos los discursos que el propio presidente y su círculo transmiten respecto a las cuestiones de género, en contra del aborto. El presidente se ha manifestado explícitamente en varias oportunidades y eso crea un clima muy diferente del que conocemos, un clima enrarecido donde nunca se sabe bien por dónde va a venir la embestida contra la política de acceso al aborto», advierte la especialista.
«No hace falta derogar la ley para vaciar su contenido»
Asegura que «no hace falta derogar la ley» para «vaciar su contenido», «que es lo que sí está sucediendo», ya que no cree que este Gobierno se atreva a tumbar la histórica legislación.
«A mí me parece que va a ser muy difícil desarmar todo lo que se ha logrado, aunque sin duda se van a instalar dificultades importantes que no conocíamos en la Argentina, ni siquiera en un período previo a la aprobación de la ley, donde un presidente encarna una estrategia anti interrupción del embarazo como lo hace el presidente Milei. No tuvimos ningún otro presidente que lo hiciera de esa manera como lo está haciendo él», lamenta.