Abren mañana el debate legislativo del nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a debatir mañana el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de quince años de prisión.
Fuentes parlamentarias explicaron hoy que el plenario de comisiones de la Cámara baja definirá el cronograma de trabajo para avanzar en la discusión de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
Y, señalaron que se trata del plenario de las comisiones de Legislación Penal, a cargo de Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); Familia, Niñez y Adolescencia, que preside Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y Presupuesto de la cámara baja, encabezada por Luciano Laspina (PRO), convocado para las 10 de mañana en el segundo piso del Anexo «C» de la cámara baja.
La importancia de avanzar en el debate de este proyecto fue planteada por el presidente Mauricio Macri al inaugurar el 137 período de sesiones ordinarias del Congreso, cuando sostuvo que el Régimen Penal Juvenil «es mucho más que la baja de un año en la edad de la imputabilidad para algunos delitos graves”.
Añadió que «el proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes. Y, hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad».
La iniciativa es resultado de más de tres años de trabajo que involucraron -a partir de la participación en Justicia 2020- a más de tres mil expertos de todo el país y miembros de la sociedad civil, en tanto una comisión redactora -de la que participó, entre otros, Unicef- preparó las bases del proyecto.
En sus puntos centrales, establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 años, que hayan cometido algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal, es decir para delitos graves.
El texto, de más de cien artículos, establece que en la aplicación de la ley se tendrá en cuenta el interés superior del adolescente que consiste “en garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del adolescente».
Además, contempla el acompañamiento individualizado de cada joven como establece el Plan de Seguimiento Integral, que estará a cargo de un referente de seguimiento, quien deberá garantizarle una transición hacia la vida autónoma, teniendo en cuenta su situación particular.
A través del proyecto, se fija con carácter excepcional la sanción privativa de la libertad «que solo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socio-educativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente».
Establece además que el cumplimiento de una medida de coerción o sanción privativa de la libertad se realizará en centros especializados de gestión pública cerrados o abiertos, cuyo personal deberá recibir capacitación periódica.
Asimismo, precisa que los equipos interdisciplinarios que funcionarán en esos centros estarán integrados por al menos tres profesionales de distintas disciplinas: pedagogía infantojuvenil, psicología, medicina, trabajo social, sociología, entre otras, y con capacitación en el área de justicia restaurativa, uno de los integrantes deberá ser trabajador social.