Todo empieza con una pregunta, que llega acompañada con dudas, temor y culpa, pero esa vacilación existencial enciende un amoroso engranaje de búsqueda hacia la identidad auténtica y reparadora; así sintetizó su trabajo un grupo de nietos restituidos que trabaja en las sedes de La Plata, Córdoba y Mar del Plata de Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplirse 45 años de la creación de la organización.
«Todas las dudas son válidas porque hubo un largo plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura cívico militar y, justamente por eso, no es un delirio que alguien se haga preguntas sobre su origen», afirmó en diálogo con Télam Adriana Metz, quien hace años busca a su hermano nacido en 1977 en el centro clandestino «La Escuelita» de Bahía Blanca, último destino de sus padres antes de desaparecer.
La «escucha y la contención» es esencial en ese primer encuentro de los «jóvenes» que se acercan a Abuelas con la sospecha de no ser quienes expresa su documento, explicó Belén Altamiranda Taranto, integrante del área de investigación de la filial de Córdoba.
Belén bromeó con el hecho de que, aún hoy, cuando se trate de hombres y mujeres que rondan los 50 años, se los sigue llamando «jóvenes» porque «así hablan las abuelas y, para ellas, sus nietos, siempre serán jóvenes».
Se estima que todavía falta encontrar a unos 300 hombres y mujeres nacidos entre 1975 y 1983 y, aunque el peso de cuatro décadas y de los imprevistos propios de la existencia hagan flaquear la esperanza de hallar a todos vivos. «Conocer la historia, saber la verdad sobre qué sucedió con esos nietos es lo principal, es el motor», aseguró.
«Los robaron con la intención de que no fueran encontrados y, 40 años después, pueden estar en cualquier lugar del mundo», reflexionó Metz con la voz quebrada por la ilusión de un hermano que todavía no aparece y al que su abuelo -mientras vivió- buscó día a día en los jardines de infantes de Bahía Blanca, con la fantasía de que sería capaz de reconocerlo.
¿Hay pactos de silencio que no pudieron ser quebrados a casi cuatro décadas del fin de la dictadura?, preguntó Télam. «Sí, esos pactos de militares, jueces, civiles y eclesiásticos persisten y los padecen las familias y la sociedad entera. Si no, ya hubiésemos encontrado a todos los nietos», respondió Altamiranda Taranto.
La restitución de un nieto es el punto cúlmine de un engorroso camino de investigación, en el que hay que sortear documentación apócrifa o ausente, impericias y falta de compromiso de algunos jueces y la complicidad tácita de un sector de la sociedad indiferente a la apropiación de niños y a la usurpación de identidad cometida por la última dictadura cívico militar.
La contracara de esos impedimentos es la docena nietos y nietas que está al frente de las cinco filiales de Abuelas (en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Mar del Plata) y que se ramifica en once áreas de trabajo: presentación espontánea; investigación; psicología; jurídica; fortalecimiento del vínculo entre nietos, hermanos y familias; difusión; archivo biográfico familiar; genética; administración; sistemas y educación.
La investigación que se inicia en Abuelas, presidida por Estela de Carlotto, continúa en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), gestionada por su hija, Claudia Carlotto, y en el Banco Nacional de Datos Genéticos, el primero en su tipo a nivel mundial, que conserva material genético de familiares de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
Iván Fina, psicólogo que trabaja en la filial Rosario, resaltó el aporte sustancial de la Red por el Derecho a la Identidad, ideada para difundir la búsqueda en todo el territorio nacional, a través de la creación de «nodos» en zonas geográficas de la Argentina donde no hay sedes de Abuelas y en las ciudades de París, Madrid, Barcelona y Roma.
En 2011, Fina recibió la noticia de que los restos de su mamá habían sido identificados por el Equipo de Antropología Forense, pero, como no se pudo establecer si el embarazo que cursaba había llegado a término, son inciertas las expectativas hacia el encuentro con un hermano.
Aseguró que en su trabajo como psicólogo de quienes se acercan a Abuelas en busca de respuestas «se pone en juego todo el tiempo» su propia historia, pero la búsqueda individual «pasa a un segundo plano» porque «es la búsqueda colectiva, en definitiva, la que ayuda a sostener».
Abuelas da los primeros pasos en el armado del rompecabezas de una identidad sustraída y apropiada: recibe a los que se acercan con dudas, los escucha, los contiene y va discriminando la información y la documentación importante.
Las filiales comparan datos entre sí y también los cotejan con una «base madre» de la organización. De esa manera empieza a tomar forma un «caso», con filtros y vínculos entre nombres de médicos, parteras, clínicas y fechas.
Cuando el material reunido es sólido, la carpeta pasa a la Conadi, con potestad para solicitar expedientes de adopción, libros de partos y documentos de organismos oficiales. Superada esa instancia el paso próximo es la extracción de sangre y su comparación con los registros del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Desde su creación en 1987, el BNDG realizó 9.985 análisis genéticos de histocompatibilidad, que restituyeron la identidad a 130 personas apropiadas ilegalmente durante la última dictadura.
El derecho a la identidad de niños y niñas, una bandera que fue puesta bien alto por Abuelas a través de las décadas, tanto en la Argentina como en el plano internacional, se extendió desde este año a cualquier persona que dude sobre su origen, aun cuando no sea parte del universo de familias víctimas de delitos de lesa humanidad.
A partir del trabajo de Abuelas, se conoció el caso de miles de personas que buscan saber quiénes son, pero que -está acreditado- no son hijos de desaparecidos y, por esa razón, se creó el Programa Nacional de Identidad Biológica, destinado a dar certezas a madres, padres, hermanos o hijos involucrados en casos de sustracción de niños y niñas.
Como dijo Adriana Metz a Télam, la dictadura utilizó métodos que ya existían para la apropiación de bebés.
«Los militares hicieron suyas las herramientas y el andamiaje que funcionaba para el tráfico de niños: las mismas parteras truchas, los mismos lugares y la misma justicia cómplice que avalaba documentación falsa en juicios de adopción; hay tantas historias como personas, pero algunas cuestiones se repiten», reflexionó.
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