Afirman que industria audiovisual argentina podría generar ingresos por U$S 660 millones anuales

La industria audiovisual argentina podría generar alrededor de US$ 660 millones anuales y crear gran cantidad de puestos de trabajo, si los productos nacionales tuvieran prioridad en cuotas de pantalla o en catálogos de las plataformas, según un informe elevado por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La entidad -autorizada para gestionar y administrar colectivamente los derechos intelectuales de actores y bailarines- planteó la necesidad de políticas públicas «orientadas a la creación de un mercado comercializador audiovisual regulado».
El informe fue presentado por el actor Pablo Echarri al titular del Enacom, Claudio Ambrosini y al vicepresidente del ente, Gustavo López.
Lopez, en diálogo con Télam, se manifestó a favor de que se cumpla «la legislación actual» y generar cambios «a futuro, acuerdos de largo plazo».
Planteó que analizan la posibilidad de «aumentar los recursos -del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (Fomeca)- al máximo que permite la ley» para «optimizar la producción audiovisual» en un esquema en el cual el Enacom actuaría como «un articulador» con el «sistema de contenidos públicos».
La semana pasada, el diputado Pablo Carro (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para «restablecer la plena vigencia de las asignaciones específicas de fondos que garanticen las producciones de cine, radio y TV nacionales», así como el funcionamiento de los Institutos Nacionales del Teatro, de la Música y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La iniciativa propone derogar dos incisos de la ley de reforma tributaria (ley 27.432) «promovida por el macrismo en diciembre de 2017», que ponían «en una bolsa a tributos destinados para estos sectores junto a otros impuestos con fecha de vencimiento para su asignación específica el 31 de diciembre del 2022», según sostiene en sus considerandos el proyecto.
La norma que buscan derogar «fue inspirada en principios ortodoxos de economistas en el marco del ajuste macroeconómico heredado del gobierno anterior, y restringe a las Leyes de Fomento de la Actividad Cinematográfica N° 17.741, y de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, ambas vigentes», recalca el proyecto.
El proyecto impulsado por Carro, que fue presentado el 12 de marzo pasado, lleva también las firmas de los diputados Hugo Yasky, Marisa Uceda, Carlos Selva, Blanca Osuna, Mónica Macha, Susana Landriscini, Juan Ameri, María Rosa Martínez, German Martínez y Patricia Mounier.
Los firmantes sostuvieron que debe «defenderse» una «política de estado en materia de promoción de las industrias culturales en Argentina, que ha sido disponer de fuentes de financiamiento genuinas originadas en la propia actividad alcanzada por disposiciones tributarias, para reinvertir recursos que fortalezcan la identidad de las y los argentinos».
Para los actores y productores el mercado comercializador regulado debería tener «cuotas de pantalla para la producción nacional de estreno en horarios y espacios calificados (horarios centrales o prime time, según sea TV abierta, de cable, satelital o destacados en los catálogos de OTT) con acento en la producción de ficción, documentales y animación».
También plantearon la necesidad de crear «instancias educativas para la formación de profesionales; la simplificación de los trámites para obtener autorizaciones, la creación de incentivos financieros y el respeto del derecho de autor en todas las instancias».
Todos estos factores «son condición necesaria para gestar las bases de desarrollo del sector», concluye el informe.