El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, expresó su rechazo al otorgamiento del arresto domiciliario a presos que hayan cometido delitos contra las personas o delitos de lesa humanidad y remarcó que los defensores que solicitan ese beneficio dependen del Procurador General Julio Conte Grand que fue designado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
«Es absolutamente falso que haya un plan del gobierno nacional o provincial de liberar mavisamente presos, me parece importante llevar tranquilidad a la gente a la que se la atemorizó con un supuesto plan de dar libertad que no existe», aclaró Alak en declarciones a A24. Remarcó que el sistema constitucional argentino fija que es «competencia del Poder Judicial el establecer penas y eso ha sido respetado». «Quien conduce el ministerio Público del que dependen fiscales y defensores oficiales es un Procurador, Julio Conte Grand que ocupa ese cargo designado por María Eugenia Vidal», aseveró y agregó que «la oposición debería reparar en este detalle». Alak repitió «la designación (de Conte Grand) la formuló Cambiemos» y destacó que el gobernador Axel Kicillof no hizo cambios ni el la Corte bonaerense ni en la Procuración. «No se nos ocurriría dar liberaciones masivas por más que exista la pandemia», afirmó. Recordó que «la Suprema Corte de Justicia bonaerense y Casación bonwerense han visto la posibilidad de externar a algunos intrnos con prisión domiciliaria, que no es otorgar libertades». «Los 19 defensores públicos presentaron ese pedido, y la Defensoría Pública la conduce una persona que designó Vidal», reiteró. Alak dijo que «no estamos de acuerdo con que se libere a personas que cometieron delitos de lesa humanidad ni que se liberen a presos que cometieron delitos contra las personas». Reconoció que la medida de otorgar arresto domiciliario en el marco de esta pandemia se resolvió «para evitar que la cárcel se transforme en una usina de coronavirus». «La cárcel no se puede parar, como con las escuelas, y a diario unos 25 mil penitenciarios van a cumplir con su tarea a los penales», detalló. Consideró que la resolución preveía que los jueces otorguen el arresto domiciliario a los presos que integren grupos de riesgo y hayan cometido «delitos leves» contra la propiedad o por tenencia de estupefacientes.
